Moncloa enfría el embargo de armas a Israel: "No se puede engañar a la gente"
El PSOE votó ayer a favor de imponer un embargo total de armas a Israel. El sentido del voto venía motivado por la paternidad de la iniciativa -impulsada por su socios de coalición- pero, sobre todo, por el contexto de la masacre en Gaza, que se ha recrudecido sobre manera, en especial con la advertencia de la ONU de que 14.000 bebés pueden morir en las próximas horas si no acaba el asedio medieval al que se está sometiendo a la población palestina en la Franja. Políticamente, los socialistas no podían hacer otra cosa, pero lo cierto es que en Moncloa no ven nada clara la viabilidad de la proposición de ley.
El Ejecutivo optó por dar una patada hacia delante, consciente de que se trataba de una mera toma en consideración -el estadio más inicial de la tramitación parlamentaria- y que todavía está lejos de llegar a aprobarse. En todo caso, fuentes consultadas ya avanzan las dificultades de su materialización. En la práctica y "en un mundo global", aseguran, un embargo total a Israel es prácticamente irrealizable. "Políticamente es un gesto muy potente, pero la práctica es otra", señala un ministro del Gobierno. "Los discursos políticos son unos y la realidad es otra. No podemos engañar a la gente", sentenciaba, consciente de la complejidad que entraña.
En Moncloa explican que la implantación de la tecnología y la inteligencia israelí es tan amplia y, por tanto, proporcional a la dependencia que se tiene de sus materiales, por lo que si no entran directamente desde Israel habría que buscar otras rutas para hacerse con esos recursos que son necesarios para que funcione la industria de Defensa. En el Ejecutivo recuerdan, además, que España está sometida a la normativa europea y que cualquier paso que se dé debe hacerse de manera colegiada con los socios y no de forma unilateral en una ley que afecte a acuerdos y tratados internacionales.
"Habrá que estudiar las dificultades técnicas en las podemos vernos implicados", reseñan. En este punto, entienden que se avanza en lo que es un "compromiso político", pero que luego hay que estudiar como se aterriza en lo concreto. "Si hay alguna ley que entre en conflicto, por ejemplo", aseguran las citadas fuentes, que apuntan inmediatamente: "Podemos querer hacer algo y no poder hacerlo". Y esto, porque de cara a la votación de la iniciativa, el Ministerio de Economía había informado de manera desfavorable a la proposición de ley.