Cambian las transferencias: tras medidas de Caputo, ARCA solo investigará las compras que superen estos montos

El Gobierno Nacional implementó un conjunto de medidas por medio de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entre ellas se destacan los nuevos límites para las transferencias. 

La gestión realizó una modificación de regímenes informativos que anteriormente implicaban un control detallado sobre los movimientos financieros de los ciudadanos. 

Estas medidas buscan eliminar una "exagerada burocracia" y prácticas que el gobierno considera "invasivas e injustificadas", argumentando que se había "criminalizado el ahorro" y tratado a los ciudadanos como "potenciales delincuentes".

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Para personas físicas, las transferencias y acreditaciones bancarias solo deberán ser informadas si superan los $ 50.000.000. Anteriormente, el mismo era de $ 1.000.000. Para personas jurídicas, el umbral se establece en $30.000.000  en la misma categoría.

También las compras de consumidor final ahora deberán informarse a partir de $ 10.000.000, sin importar si se realizan en efectivo u otros medios de pago.  Antes se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios de pago.

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Además de estos cambios del Gobierno Nacional en ARCA, también se elevaron los pisos para informar otras operaciones:

• Extracciones en efectivo: a partir de $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba a partir de cualquier monto, incluso $ 100.
• Saldos bancarios: se elevaron de los $ 700.000 actuales a $50.000.000 millones para personas físicas y $ 30.000.000 para jurídicas.
• Plazos fijos: el umbral para personas físicas pasó de $ 1.000.000 a $ 100.000.000, y para jurídicas a $ 30.000.000.
• Tenencias en Alycs: se pasará de informar todos los montos a $  100.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para jurídicas.

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El gobierno también derogó varios regímenes informativos que obligaban a reportar, entre otras cosas, compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, operaciones notariales, compraventa de vehículos usados, pagos de expensas, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos.

Asimismo, ARCA prohibió a los bancos exigir la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar, indicando que los ciudadanos pueden negarse y recurrir a Defensa del Consumidor si una entidad insiste.