Denuncian criminalización de defensores y cierre total del espacio cívico en Venezuela
Diversas organizaciones alertaron sobre el avance sostenido de un “andamiaje legal y político” destinado a erradicar el espacio cívico en Venezuela, mediante la criminalización de organizaciones sociales, la persecución de defensores de derechos humanos y la implementación de leyes que ahogan financieramente a la sociedad civil.
En un pronunciamiento público, las ONG denunciaron la existencia de un patrón de hostigamiento sistemático que se ha profundizado en las últimas semanas y que pone en peligro no solo a las organizaciones sociales sino también a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, quienes quedan sin rutas efectivas hacia la justicia y la reparación.
“Estas acciones buscan silenciar voces críticas y desmantelar el tejido social que defiende los derechos humanos en el país”, sostiene el documento.
Una escalada con nombre y fecha
El comunicado se difundió el mismo día en que altas autoridades del Estado venezolano acusaron sin pruebas a organizaciones de larga trayectoria, como Foro Penal, Provea y Médicos Unidos de Venezuela, de estar vinculadas a supuestos planes terroristas.
Según la denuncia de Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, la coalición que agrupa las ONG, estas imputaciones carentes de fundamento pretenden desprestigiar y neutralizar a quienes documentan las violaciones graves de derechos humanos en el país.
“Es un claro intento de desprestigiar y neutralizar a quienes documentan las graves violaciones de derechos humanos, y refleja el patrón de hostigamiento que se viene afianzando desde hace más de una década”, afirmó.
Un andamiaje legal para la represión
El informe denuncia también que esta arremetida no es aislada. Forma parte de un entramado legal y comunicacional para estigmatizar y desarticular la acción independiente de la sociedad civil.
En este contexto se menciona la aprobación de dos normativas peligrosas:
Ley de Fiscalización y Financiamiento de las ONG (agosto de 2024), considerada por las organizaciones como una herramienta de “asfixia jurídica y financiera”;
Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, que otorga al Estado amplios poderes para controlar la economía y limitar la autonomía de cualquier actor independiente.
Ambas leyes, advirtieron, son parte del aparato de control que ahora se usa para criminalizar a quienes denuncian la crisis institucional y humanitaria venezolana.
Sin justicia ni protección para las víctimas
Uno de los puntos más alarmantes del pronunciamiento es la situación de las víctimas.
Las ONG sostienen que, en ausencia de un sistema judicial independiente, son las propias organizaciones de derechos humanos las que representan la única vía posible para documentar casos y buscar justicia ante instancias internacionales.
“Al atacar a estas organizaciones, se les despoja de su última esperanza de obtener respuestas y se les condena al silencio y al olvido”, enfatizaron.
El documento alertó que los propios defensores se han convertido en víctimas de un nuevo tipo de persecución, lo que agrava aún más la desprotección del tejido social venezolano.
Contexto electoral y represión
El pronunciamiento vinculó este recrudecimiento de la represión con los procesos electorales recientes, especialmente las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y las regionales del 25 de mayo de 2025. Ambas jornadas, aseguraron, estuvieron marcadas por la exclusión, la represión y la ausencia de garantías democráticas reales.
“La voluntad popular fue desatendida, y las protestas ciudadanas subsiguientes fueron respondidas con una ola inédita de represión y detenciones arbitrarias”, expresó.
La plataforma hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos multilaterales y gobiernos democráticos para que se pronuncien y tomen medidas ante lo que consideran un proceso de liquidación del espacio cívico en Venezuela.
“Apoyar y proteger a la sociedad civil venezolana no es solo un acto de solidaridad, es un imperativo democrático y moral ineludible”, afirmó.
El documento concluyó con una advertencia: el silencio o la inacción de la comunidad internacional equivaldría a condenar a miles de víctimas a la impunidad y favorecer la extinción de la última línea de defensa de la dignidad en el país.
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