Los administradores de fincas , que se reúnen este viernes y sábado en Ávila para celebrar su XIX Encuentro Nacional, calculan que las más de 30.000 comunidades de Castilla y León acumulan cerca de 40 millones en deudas de vecinos que no abonan la cuota, según los datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas y la prevalencia que arroja el Instituto Nacional de Estadística. A este respecto, han advertido de que la obligatoriedad de negociar previamente con un vecino moroso antes de interponer una demanda en el juzgado, establecida en la reciente Ley de Eficiencia Procesal, «agravará» la situación en las comunidades de propietarios y alargará el problema. La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Ávila, María Rosa Herráez, ha señalado que anteriormente bastaba con notificar al propietario, darle un plazo de 15 días para abonar la cantidad adeudada , y si no pagaba, se interponía directamente la demanda monitoria en el juzgado, pero ahora es necesario demostrar por escrito que se ha intentado negociar antes, porque si no el juzgado puede rechazar la demanda. La Ley de Eficiencia, que entró en vigor el pasado mes de abril, contiene además otro cambio significativo para los administradores de fincas, ya que otorga a las comunidades de propietarios la facultad de prohibir los pisos turístico s con el voto de una mayoría de tres quintos, informa Ep. «Antes, el propietario únicamente debía comunicar a la comunidad su intención de destinar la vivienda a uso turístico, sin que la comunidad pudiera decidir al respecto, pero tras una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2024 se modificó la ley», ha explicado, al tiempo que ha señalado que ahora se pueden imponer, a quienes tengan pisos turísticos, recargos sobre la cuota ordinaria, que pueden llegar al 20 por ciento . El centro cultural Lienzo Norte de Ávila reunirá este fin de semana a más de 700 administradores de fincas en un encuentro en el que analizarán también otros aspectos como los locales convertidos a vivienda, los problemas de seguridad vecinal o la reacción ante catástrofes. «La transformación de locales a viviendas, que ya se está popularizando hasta en las zonas menos turísticas, además de la autorización unánime de la comunidad de propietarios, requiere la presentación de un proyecto técnico, la aprobación por parte del Ayuntamiento y el cumplimiento de las normativas de habitabilidad», ha apuntado Herráez.
