La última cesión del Gobierno de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont es una prueba más de las múltiples razones por las que el nacionalismo catalán no va a dejar que caiga el presidente del Gobierno. Cuanto más se pudre la legislatura socialista, más fácil resulta a los grupos nacionalistas arrancar cesiones a Sánchez. La debilidad del presidente del Gobierno es la fortaleza del huido, Otegi, Junqueras y Aitor Esteban. A las pocas horas de que Alberto Núñez Feijóo convocara una manifestación para el 8 de junio e invitara a los socios de Sánchez a una moción de censura, Junts per Catalunya anunciaba un acuerdo con el Ejecutivo para hacerse con el control de los altos funcionarios municipales: secretarios, tesoreros e interventores. El pacto cede a la Generalitat de Cataluña la 'gestión integral' de estos cuerpos de funcionarios, hasta ahora de carácter nacional, incluyendo en el paquete de competencias la oferta pública de plazas, la creación y supresión de puestos, los procesos de selección y los nombramientos. Esta es otra factura que Sánchez paga con cargo a los intereses generales por el apoyo de los nacionalistas a diversos reales decretos del año pasado. Y, por supuesto, nada en el acuerdo es inocente. Conviene recordar que estos funcionarios cedidos a la Generalitat –con su presidente, Salvador Illa, de nuevo ausente– son los responsables de velar por la legalidad y la transparencia económica en el funcionamiento de los ayuntamientos. Para un partido nacionalista que tanto usó sus gobiernos locales para propiciar el proceso separatista de 2017, es muy satisfactorio poder desconectar a esos funcionarios del amparo que les suponía pertenecer a un cuerpo estatal. Menos obstáculos para un nuevo 'procés'. Por otro lado y en general, desde la perspectiva de la lucha contra la corrupción tampoco es una buena opción aislar a esos funcionarios cualificados de una instancia nacional, alejada de la política banderiza tan dominante en Cataluña. Por si fuera poco, el nacionalismo se apuntó en enero otro tanto al lograr la supresión de los juzgados de paz y su transformación en oficinas municipales de justicia. No es que los juzgados de paz fueran protagonistas de la organización judicial española, pero su presencia como tales órganos jurisdiccionales era la presencia del Estado en cualquier rincón del país. Para Junts este acuerdo es políticamente estratégico. Su recuperación electoral empieza por el contacto directo con el ciudadano catalán a pie de calle, en la política más inmediata, que es la municipal, donde ha encontrado en Alianza Catalana un súbito depredador de su espacio político. Para los de Puigdemont es fundamental hacerse fuertes en los municipios y tener manos libres para hacer proselitismo, sin cortapisas de secretarios leguleyos que exijan respetar la ley o de interventores impertinentes que defiendan las cuentas públicas. Los nacionalistas van sumando objetivos en la consecución de «estructuras de Estado», con las que confían en rearmar un futuro 'procés'. Hay que recordar las legislaturas socialistas de Maragall y Montilla, y su empecinamiento en imponer un Estatuto confederal, parcialmente corregido por el Tribunal Constitucional. Todo el debate político y social en torno a aquel texto enardeció al soberanismo y ahora, con el socialista Salvador Illa, se corre el riesgo de que suceda algo parecido. Los nacionalistas, con ese sentido mesiánico de su misión nacional, saben esperar y esperarán a que el agotamiento por el 'procés' de 2017 se diluya para volver a intentarlo, bien nutridos políticamente por el PSOE.
