¿Deberíamos defender al fiscal general?

Tus bisabuelos combatieron por la República, tus abuelos resistieron al Franquismo, tus padres pelearon la Transición, y a ti te toca defender al fiscal general del Estado. La épica democrática ya no es lo que era, ay. De correr delante de los grises a comentar un auto judicial con el rotulador en la mano. Nadie pondrá pósters en el dormitorio ni vestirá camisetas con la cara de García Ortiz; ningún cantautor le dedicará un tema ni merecerá pintadas en las calles. No es la batallita que uno querría contar a sus hijos en el futuro: “hijos míos, yo defendí al fiscal general del Estado”.

De hecho, para el votante de izquierda un fiscal general del Estado es una figura muy poco movilizadora, no enciende precisamente las pasiones políticas. Es incluso una figura antipática. Las togas y puñetas, el lenguaje jurídico, su condición de autoridad del Estado, su presencia en ceremonias solemnes, la obediencia jerárquica y por supuesto su papel de acusador. No es el héroe de la democracia por el que uno se partiría la cara. No lo vemos como uno de los nuestros. Y con eso cuentan también quienes intentan cobrarse su cabeza: saben que nadie moverá un dedo por un fiscal general.

Y sin embargo, aquí estamos, pensándonos si no deberíamos hacer algo por defender al fiscal general del Estado. Planteándonos si quizás haya que hacerlo para defender no al Gobierno, sino a la democracia.

Uno lee y escucha a quienes estos días cuestionan la instrucción del juez Hurtado: juristas, políticos, articulistas. Todos del lado progresista del tablero, vale. Lees y escuchas las muchas (pero muchas) anomalías del proceso, la falta de pruebas, las piruetas jurídicas, las sospechas de prevaricación o algo peor, y acabas pensando que sí, que algo tiene esto que ver con la democracia. Que no parece un proceso judicial sin más, ni una discrepancia de catedráticos de Derecho, ni siquiera una lucha de poder entre conservadores y progresistas en la judicatura. Más bien una partida de caza mayor: cobrarse la cabeza del fiscal siguiendo una estrategia de derribo del Gobierno. Por parte nada menos que de un magistrado del Supremo, y respaldado por sus colegas de tribunal (que avalaron cada decisión polémica que tomó).

Escuchar al Gobierno decir que hay “jueces haciendo cosas difíciles de entender”, al portavoz del PSOE llamar “absoluta vergüenza” al procesamiento, al ministro Puente acusar al Supremo de ser “la oposición real al Gobierno”; y a los socios de coalición y parlamentarios usar palabras mucho más fuertes (“guerra sucia”, “jueces golpistas”, “quieren acabar con la democracia”, “lawfare”); nos hace dudar de si se trata de la habitual hipérbole de la política española, o es que de verdad nos estamos jugando la democracia.

Y en ese caso deberíamos hacer algo, aunque tenga poca épica.