Caso Jet Set “se trata como crimen organizado, pero no hubo intención” dice abogado de Antonio Espaillat
Santo Domingo.- El colapso de la discoteca Jet Set, que cobró la vida de más de 200 personas, «se está tratando como un caso de criminalidad organizada mas no hubo intención”, así indicó Miguel Valerio, el abogado de Antonio Espaillat, propietario del centro de diversión nocturno.
El jurista argumentó que, por tanto, Antonio Espaillat, quien fue arrestado ayer, debería quedar en libertad.
El empresario fue detenido junto a su hermana Maribel y son ambos investigados por homicidio involuntario por negligencia en el cuidado del techo del club nocturno. Los imputados están a la espera de la solicitud de posibles medidas preventivas.
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El Ministerio Público indicó ayer en un comunicado que los hermanos Espaillat mostraron “una inmensa irresponsabilidad y negligencia” al dejar de realizar una intervención física que impidiera que el techo del establecimiento colapsara, como finalmente sucedió.
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De igual forma, en el documento también se alude a movimientos de los imputados para presuntamente intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., la cual manejaba la discoteca, y que pueden actuar como testigos en el proceso.
Tragedia del Jet Set
La fiesta se transformó en pesadilla. El martes 8 de abril una tragedia enlutó a República Dominicana: más de 200 personas murieron tras el desplome de la emblemática discoteca Jet Set, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
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En un instante, pasadas las 12 de la madrugada de este martes el eco de «Color de Rosa»‘ se desvaneció, reemplazado por el estruendo del colapso y los gritos de terror. El interior de Jet Set se sumió en la oscuridad y el caos. Lo que debía ser una celebración se transformó en una escena dantesca, donde el polvo y los escombros sepultaron sueños y vidas.
El colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y 89 heridos. La acusación contra los hermanos Espaillat, sin embargo, conlleva una pena máxima de solo dos años de prisión y una multa de entre 25 y 100 pesos.
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