El plan del Gobierno para que la UCO dependa de la Fiscalía
El Gobierno planea reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que la instrucción de las causas penales dependa de los fiscales.
A su vez, los fiscales dependen jerárquicamente de los miembros del Ministerio Público que ocupan puestos por encima (adjuntos, aérea, provinciales, superiores y de sala en el Supremo).
Las decisiones y órdenes se transmiten de arriba hacia abajo y todo tienen el deber de acatar las órdenes del fiscal general del Estado, que ahora es Álvaro García Ortiz, tras ser nombrado por el Ejecutivo.
La entrada en vigor de esta "ley Bolaños" implicaría que la Policía Judicial pase a depender de los fiscales como directores de las investigaciones judiciales, cuando hasta ahora los casos estaban en manos de titulares de juzgados de Instrucción.
Por tanto, la Unidad Central Operativa (UCO), como la unidad judicial de la Guardia Civil, quedaría bajo la dirección de unos fiscales que dependen de la Fiscalía General del Estado.
Como informó LA RAZÓN, está previsto que esta modificación se apruebe este verano, tal y como explicó el ministro socialista Félix Bolaños en su última comparecencia en la comisión parlamentaria de Justicia.