Nuevas leyes amplían funciones del Poder Judicial sin recursos asignados
La demanda por los servicios del Poder Judicial continúa en ascenso. Así lo advierte el más reciente Informe Estado de la Justicia, del Programa Estado de la Nación (PEN). Esta situación responde a dos fuerzas externas que incrementan el volumen de casos judiciales, sin que se asignen los recursos necesarios para enfrentarlos.
El primero es la aprobación de nueva legislación por parte de la Asamblea Legislativa.
La tónica ha sido que el Congreso apruebe leyes que crean nuevos delitos, reforman procedimientos, incorporan convenciones internacionales o establecen nuevas jurisdicciones, lo que amplía las competencias del sistema judicial.
No obstante, la mayoría de estas normas se aprueba sin contenido presupuestario específico, lo que genera una brecha entre las responsabilidades asumidas y la capacidad operativa real.
El informe señala que estas normas muchas veces trasladan al Poder Judicial asuntos que antes no eran judicializables, lo que incrementa su carga sin fortalecer su infraestructura ni su personal.
El segundo factor es el aumento de la conflictividad social, que se manifiesta en distintos ámbitos: desde el crecimiento de la criminalidad en lo penal hasta un mayor número de disputas civiles, accidentes de tránsito, procesos por pensiones alimentarias, violencia doméstica, cobros judiciales y conflictos laborales.
El informe advierte que eventos como una eventual crisis económica podrían agudizar aún más esta tendencia. A esto se suma la baja utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y de justicia restaurativa, lo que eleva la cantidad de casos que ingresan a los tribunales.
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Reforma penal sin recursos
Una de las áreas más sensibles para el Poder Judicial es la justicia penal, en particular la relacionada con temas de seguridad ciudadana. Entre mayo del 2019 y abril del 2024, la Asamblea Legislativa aprobó 46 leyes en materia de seguridad, de las cuales 30 impactan directamente la jurisdicción penal, ya sea modificando procesos, tipos penales o competencias judiciales.
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El informe concluye que estas reformas legales presentan desafíos importantes para su ejecución, debido a que muchas se aprueban sin considerar los costos que implica su aplicación. Solo 6 de las 46 leyes analizadas incluyen una asignación presupuestaria específica.
Del total de leyes aprobadas en materia de seguridad, el 26,7 % corresponde a la creación de nuevas normas, mientras que el 73,3 % modifica legislación ya existente.
Aunque en la mayoría de los casos se designa un ente responsable de ejecutar lo establecido por la ley —lo que ocurre en el 90 % de las iniciativas—, este señalamiento no suele ir acompañado de una asignación presupuestaria que permita su aplicación efectiva.
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Además, solo siete de estas leyes cumplen con el control de convencionalidad, es decir, han sido evaluadas para asegurar que no contradicen las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el país. Tal omisión representa un riesgo legal y operativo, especialmente en una materia tan sensible como la justicia penal.
A esta carga se suman los instrumentos internacionales de derechos humanos que, al ser ratificados por la Asamblea Legislativa, se convierten en normativa vinculante. Dichos tratados también generan nuevas obligaciones para el Poder Judicial, sin financiamiento adicional.