El Ejecutivo de Carlos Mazón ha solicitado formalmente al Gobierno el traspaso de las competencias en el litoral después de haber aprobado una nueva ley autonómica dentro de una ofensiva para frenar los deslindes, desahucios y derribos . Como argumento, señala que ya hay otras cuatro regiones que controlan este poder. De esta manera, el Pleno del Consell ha aprobado esta petición a la Administración central para que inicie la negociación para traspasar a la Generalitat Valenciana la gestión del dominio público marítimo-terrestre tras la entrada en vigor de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Así lo han manifestado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero , y el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus , tras la reunión de este martes en la que también se ha acordado solicitar al Gobierno de España la convocatoria de la Comisión Mixta Paritaria de Transferencias. Martínez Mus ha explicado que se inicia este procedimiento de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la citada norma, publicada el pasado 26 de mayo y en vigor desde hace pocos días, «a través de la que se prioriza el uso racional de los recursos litorales, la preservación de los valores naturales y la calidad de vida de las poblaciones costeras», ha señalado. El objetivo es «hacer valer nuestro autogobierno y desarrollar una visión de futuro para el litoral valenciano», según el conseller, que ha recordado que Galicia ya tiene una ley propia similar y que Cataluña, País Vasco y las comunidades insulares disponen igualmente de las competencias que ahora desarrollará la Comunitat Valenciana. «Todas las autorizaciones que tienen que ver con el litoral y los planes costeros de los ayuntamientos dependerán de la Generalitat ya que creemos que somos la administración más sensible a la realidad de nuestro territorio», ha subrayado Martínez Mus. La amenaza de perder sus viviendas o que se devalúen de forma drástica en aplicación de la Ley de Costas ha movilizado a residentes afectados en las tres provincias, en municipios como Denia o Sagunt, y la Generalitat Valenciana ha blindado por ahora algunos núcleos urbanos como parte del patrimonio, en el caso de Nules.
