Los agentes especializados en ciberamenazas de la Comisaría General de Información abordan ya la última fase de la investigación abierta por la difusión en la web de datos personales de políticos y periodistas, entre ellos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los hechos pueden ser constitutivos de un delito de revelación de secretos y daños informáticos. Las fuentes consultadas por ABC explican que las pesquisas están avanzadas , de modo que podría haber novedades a corto o medio plazo. Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional instruye las diligencias por el asunto, que ha declarado secretas, después de que los policías de Información presentaran un oficio policial sobre la publicación, hace una semana, de datos sensibles -como DNI, teléfonos particuñares, direcciones de correo electrónico y domicilios- en un canal de Telegram - Alvise Pérez Chat - en el que habitualmente se envían muestras de apoyo al eurodiputado de extrema derecha. Los afectados de esa primera filtración eran, entre otros, la vicepresidenta María Jesús Montero, los ministros Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz, y también exdirigentes del PP como María Dolores de Cospedal o Rafael Catalá, entre otros. Sólo 48 horas después, la Policía remitió un segundo informe a la Audiencia Nacional, informando sobre el hallazgo de una segunda filtración de datos personales, a través de la misma red social. En esta ocasión, entre los afectados se encuentran la presidenta del Congreso, Francina Armengol; del presidente de la Generalitat Cataluña, Salvador Illa, del andaluz Juanma Moreno y de varios implicados en el caso Koldo. Y presentadores y periodistas como David Broncano, Jordi Évole o Silvia Intxaurrondo . La filtración de datos fue reivindicada por dos personas bajo los seudónimos @akkaspace y @pakito . Con esos nicks no constan más publicaciones antes del pasado 20 de junio en doxbin.com, un sitio web utilizado para publicar información particular de personas y exponerla públicamente, generalmente obtenida y compartida sin su consentimiento. Lo que hay que determinar es si los datos se obtuvieron de fuentes públicas y es un recopilatorio de leaks previos o si responden a un hackeo. Según parece, los datos proceden de la filtración de un documento de 500 páginas que contenía la información de los políticos. Los agentes de la Comisaría General de Información también indagan sobre la difusión en las últimas horas por la ' dark web' y replicado en canales de Telegram de información relativa a cientos de afiliados de Podemos.
