Procuraduría General se apersona en causa contra Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros por presunto financiamiento ilegal en elecciones
En representación del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR) se apersononó en la causa judicial contra el presidente Rodrigo Chaves, la diputada Pilar Cisneros, el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André Tinoco y los legisladores Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
La Fiscalía General los acusó, el lunes anterior, por un presunto financiamiento ilegal en la campaña electoral del 2022.
“La PGR está debidamente apersonada dentro de dicho proceso”, confirmó la oficina de prensa de ese órgano, ante una consulta de La Nación.
El Ministerio Público atribuye a los funcionarios la comisión de presuntos delitos electorales. Les achaca haber captado recursos y cubrir gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que habrían operado al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes.
Según la Fiscalía, una de las presuntas estructuras funcionó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y otra mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021. Ella es hija del diputado Waldo Agüero, uno de los imputados en esta causa.
Desde principios del 2022, una investigación de este diario reveló el aparente uso de estructuras paralelas.
La acusación penal fue precedida por una investigación realizada por el Tribunal Supremo de Elección (TSE), la cual concluyó que Chaves, Brunner y André pudieron haber cometido cuatro delitos sancionados por el Código Electoral, además de que la campaña se benefició del dinero.
El fideicomiso, según la pesquisa electoral, habría movilizado ¢112 millones para gastos político-electorales, mientras que las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, otros ¢136 millones. Entre ambas se habrían pagado gastos electorales por ¢248 millones.
La causa penal se tramita bajo el expediente N.° 22-000116-1218-PE. A los imputados se les atribuye los delitos contemplados en los artículos 273, 274 inciso e, 275 inciso a y b del Código Electoral.