Congreso: revelan nuevo gasto de más de S/ 84 millones en Unidad Ejecutora para implementar la bicameralidad
Nuevas revelaciones ponen en la mira el millonario gasto de la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad (UEB) del Congreso, que ya ha comprometido más de 84 millones de soles para reinstalar el Senado en el país. Según un reportaje de Cuarto Poder, parte de este monto fue discutido en una reunión reservada entre funcionarios del Parlamento y un pequeño grupo de empresarios, registrada en un video que permanecía oculto en YouTube.
En la grabación se escucha al director ejecutivo de la UEB, Enrique Fernández Paniagua, explicar que este es apenas el primero de seis procesos de contratación necesarios para implementar la bicameralidad. De los más de 84 millones de soles ya firmados en contratos, 29 millones se destinarán a renovar las instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias del Palacio Legislativo, mientras que casi 55 millones cubrirán la modernización tecnológica, como nuevos equipos de audio, video y conectividad.
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A pesar de la magnitud de estos montos, la Unidad Ejecutora ha manejado la información con escasa transparencia. El video muestra cómo se detallaron fechas, obras y montos sin mayor difusión en canales oficiales ni registro público de las visitas a sus oficinas. Sin embargo, no ha habido mecanismos de difusión de la información que transparenten su origen.
Especialistas como Marco Montoya, experto en contrataciones estatales, advierten que la UEB opera mediante un sistema de contratación paralelo que se aleja de los estándares habituales de rendición de cuentas. Según dijo, estos procedimientos de precalificación especial limitan la competencia y reducen la supervisión, poniendo en cuestión la legalidad y conveniencia de gastar más de 84 millones de soles para la reinstauración de la bicameralidad.
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Mesa Directiva aprobó procedimiento sin mecanismos de fiscalización
A esto se suma que la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Eduardo Salhuana, aprobó este procedimiento especial sin garantizar mecanismos de fiscalización adecuados. En el reportaje se muestra que incluso hubo pedidos explícitos para no fiscalizar a la Unidad Ejecutora.
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Además, el reportaje revela que los contratos contemplan intervenciones en cinco sedes, incluyendo el Palacio Legislativo, casonas patrimoniales en el centro de Lima y un extenso terreno en Ancón, donde se prevé levantar el archivo del Congreso. En algunos casos, se tratan de inmuebles antiguos que demandarán altos costos de refacción y adecuación.
Una de las empresas beneficiadas, Técnica Ingenieros, ganó el contrato para remodelar la infraestructura eléctrica tras participar en la reunión privada y recorrer las instalaciones del Congreso un día después. Otra empresa, E-Business Distribution Perú, se adjudicó la modernización tecnológica y ya había tenido contratos con el Estado, algunos vinculados al extinto Proyecto Legado, donde trabajaron funcionarios hoy a cargo de la UEB como el propio Fernández Paniagua.
Unidad ejecutora para implementar la bicameralidad viene comprometiendo gastos
Los gastos por la nueva estructura congresal no son recientes. La semana pasada, el programa Punto Final destapó graves anomalías vinculadas a la misma Unidad Ejecutora. Bajo la gestión de Fernández Paniagua, esta oficina ha desembolsado más de un millón de soles en apenas unos meses, únicamente en sueldos para 46 empleados, sin que hasta la fecha se haya iniciado ninguna obra concreta. Lo más preocupante es que se estima que para marzo del próximo año estos gastos podrían incrementarse hasta superar los 2.5 millones de soles, a pesar de que el regreso de la bicameralidad se presentó como una medida sin impacto significativo en el presupuesto estatal.
En medio de estas irregularidades, el reportaje evidenció que Fernández Paniagua negó la entrada de congresistas de la Comisión de Fiscalización y periodistas a la sede de la Unidad Ejecutora, ubicada en un local arrendado en la avenida San Luis. A pesar de que se trataba de una inspección legítima, el funcionario argumentó que no había autorizado la visita, contradiciendo sus propias declaraciones públicas de transparencia. La situación resulta aún más controvertida si se considera su historial: Fernández Paniagua fue removido a comienzos de este año como director del Proyecto Legado por no concluir obras de los Juegos Bolivarianos 2024 y hoy lidera un equipo donde se encuentran varios excolaboradores de aquel proyecto inconcluso. Actualmente, su remuneración bordea los 20 mil soles mensuales.
Otro aspecto polémico es el arrendamiento del inmueble donde funciona esta oficina, realizado por contratación directa y con un costo mensual de 40 mil soles. El edificio pertenece a Luis Arturo Luy, quien milita en Somos Perú. Además, se descubrió que, aunque el contrato de alquiler se firmó en marzo, la Unidad Ejecutora recién empezó a operar en mayo, generando pagos por un espacio que permaneció inactivo durante dos meses. Esta situación se agrava con la duplicidad de áreas administrativas, pues muchas de sus funciones —como logística, recursos humanos o tecnología— ya están contempladas dentro de la estructura orgánica del Congreso, lo que pondría en evidencia un uso ineficiente de los recursos públicos.