Un miembro de la brigada política del PP declara que buscó información contra Podemos por "orden" de sus jefes

El inspector jefe jubilado Bonifacio Díaz Sevillano ha declarado esta mañana como investigado en la causa por la guerra sucia contra Podemos. Ante el juez Pedraz, Díaz Sevillano se ha limitado a negar cualquier “ilegalidad” en su actuación y, a preguntas de su abogada, ha dicho que los viajes que realizó en busca de información contra la formación liderada entonces por Pablo Iglesias respondieron a “órdenes” de sus jefes, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

Bonifacio Díaz Sevillano, 'Boni', fue un activo miembro de la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior entre los años 2012 y 2016 y su rastro aparece también en las otras dos grandes maniobras parapoliciales de la época, la operación Cataluña y el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados.

Para la imputación de Díaz Sevillano ha resultado clave el testimonio de dos altos cargo del chavismo, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, ambos residentes en España y con procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. Villalobos describió varias reuniones con Bonifacio Díaz Sevillano en las que el policía español le solicitó información contra Podemos, tanto en una cita en Nueva York como después, cuando se estableció en España.

La declaración de Díaz Sevillano apenas ha durado unos minutos, los que ha tardado en responder a tres preguntas de su letrada. En las respuestas ha negado haber realizado acto alguno contra la “inmunidad parlamentaria” de algún diputado, en referencia a los de Podemos, tampoco haber realizado “investigaciones prospectivas o ilegales” contra parlamentarios.

Díaz Sevillano llegó a entregar unas “fichas policiales” de miembros de Podemos a Nervis Villalobos para que tuviera presente de quién debía recabar información y entregársela. Las “fichas policiales” de las que habló Villalobos en su declaración como testigo ante Pedraz eran en realidad una impresión de fotos y biografías obtenidas por la Policía en Internet. Sin embargo, cuando Díaz Sevillano compareció como testigo aseguró que nunca se refirió a Podemos en sus reuniones con Nervis Villalobos.

Otro antiguo jerarca venezolano, Javier Alvarado Ochoa, fue quien entregó el supuesto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Chávez a la Fundación CEPS en 2008, utilizada por la brigada política y los medios afines para intentar acreditar una financiación irregular de Podemos, partido creado en 2014. Alvarado Ochoa ha reconocido haber entregado una fotocopia al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y a uno de sus colaboradores, el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano.

Díaz Sevillano fue uno de los policías que se reunió con otro venezolano, Carlos Alberto Arias, para recabar documentación que “certificaría la existencia” de una cuenta en un banco del paraíso fiscal de Granadinas en la que Pablo Iglesias habría recibido más de 270.000 euros del Gobierno de Caracas. La cuenta nunca existió y, por tanto, tampoco el pago. Tanto la elaboración del bulo como su difusión es una de las líneas de investigación que se siguen en el juzgado de Pedraz.

La causa judicial de la guerra sucia

En la instrucción de la causa por la guerra sucia contra Podemos está acreditado que antes de que los jerarcas venezolanos buscaran refugio en España, los policías españoles viajaron al extranjero a mantener encuentros con ellos para hacerles ofertas de residencia en el país a cambio de información contra Podemos.

Hasta ahora, detentan la condición de investigados en la causa de la guerra sucia a Podemos el ya citado Francisco Martínez, los mandos policiales Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago y Andrés Gómez Gordo, y desde el pasado 12 de mayo, la fecha en la que dictó la providencia Pedraz, se suma Bonifacio Díaz Sevillano.

Solo los destinos de Díaz Sevillano explican cómo pudo estar implicado en la guerra sucia. Fue el agregado de Interior en Andorra durante la Operación Cataluña y después estuvo destinado en el gabinete del director adjunto operativo, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Como recompensa luego fue destinado a México, con un sueldo neto mensual superior a los 11.000 euros. Díaz Sevillano fue juzgado por el caso de los pendrive de los Pujol, pero resultó absuelto. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena por revelación de secretos a su antiguo jefe, el comisario Pino.