La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha rechazado la petición de una acusación particular para que declaren como testigos el que fuera secretario de Estado de Seguridad el 29 de octubre; el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible así como responsables del ámbito de carreteras de las distintas administraciones y del administrador ferroviario Adif. Asimismo, ha denegado una solicitud de esa misma parte destinada a que se recabara de la Dirección General de Tráfico diversa información y datos relativos al estado de carreteras e infraestructuras afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. La magistrada señala en su resolución que nada de lo solicitado podrá esclarecer el « trágico fallecimien to « del hombre a cuya viuda representa la acusación particular que ha presentado el escrito, ya que murió en una casa en la localidad de Cheste, »no en ningún desplazamiento in itinere«, lo que ya sería elemento suficiente para denegar la prueba, según ha informado el TSJCV. Además, la instructora afirma, entre otros argumentos, que esta solicitud de diligencias no guarda relación con el «propio objeto de la investigación » y lo ya resuelto por la Audiencia Provincial en autos del pasado 19 de mayo, al tiempo que excede de la función de esta parte como acusación particular. A juicio de la magistrada, esta petición en realidad es una denuncia de la omisión de la suspensión del tráfico rodado« del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de las carreteras dependientes de la Generalitat y de la Diputación provincial. Según la jueza, se trata de un argumento «absolutamente endeble», «desconoce las competencias de la administración autonómica y la posición de garante, requisito de la atribución de los homicidios imprudentes». «Si por parte de las autoridades competentes en materia de protección civil no se lanzó una alerta a la población hasta 20:11 horas, con el contenido ya conocido, difícilmente se puede atribuir responsabilidad a los titulares de cualesquiera vías donde se produjeron los fallecimientos, no solo las estatales, sino las de titularidad autonómica o provincial», manifiesta la magistrada, que añade, además, que esta petición «olvida» que también existen múltiples fallecimientos se produjeron en vías urbanas cuya titularidad es municipal. La jueza reprocha que esas diligencias de prueba «exceden» de su función como acusación particular y le traslada que, si quiere ejercer la popular, debe personarse en esa forma y no atribuirse funciones que no le competen. Junto con este auto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha notificado este lunes a las partes una diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia en la que se cita a declarar en diferentes días de septiembre a la testigo de un fallecimiento y a 13 familiares de víctimas, en calidad de perjudicados.
