Sin dictamen, por considerarlo de “urgente resolución”, el pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del proyecto de reformas para fortalecer el combate al lavado de dinero.Las modificaciones y adiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal previamente aprobadas por el Senado de la República prevén la ampliación de las facultades de supervisión de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera.No obstante, los grupos parlamentarios de la oposición advirtieron que las reformas otorgan a la Secretaría de Hacienda acceso irrestricto y sin control judicial información sensible como registros públicos, datos fiscales, información patrimonial, datos personales y biométricos, información de sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos.Entre otros aspectos, el proyecto amplía la lista de “actividades vulnerables” para el lavado de dinero e incluye a desarrolladores inmobiliarios, proveedores de servicios con activos virtuales, emisores de tarjetas no bancarias y organizaciones sin fines de lucro, en caso de manejar recursos de riesgo.Se modifican también el concepto de “persona políticamente expuesta”, incluyendo no solo a funcionarios y ex funcionarios públicos, sino también a cualquier persona relacionada con ellos, bajo criterios definidos por la Secretaría de Hacienda.Dichas personas podrán ser objeto de vigilancia, reportes, monitoreo, intercambio de datos y hasta congelamiento de cuentas sin controles judiciales efectivos.Con la reforma se pretende dar cumplimiento a los compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), evitar sanciones internacionales y asegurar la transparencia y legalidad del sistema económico nacional.LP