Sí, hemos ido a la huelga por ti

El recién galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, dice en "La crisis de la narración" (editorial Herder, 2023) que "el storytelling produce narraciones listas para consumir. Se recurre a él para que los productos vengan asociados con emociones. Así es como compramos, vendemos y consumimos narrativas y emociones". Pero este fenómeno no afecta solo al mercado; también alcanza a las instituciones democráticas.

Desde hace tiempo, asistimos a un relato promovido por sectores del Poder Ejecutivo que presenta a los jueces como una élite privilegiada, distante del ciudadano. Este discurso no es inocente. Persigue debilitar la legitimidad del Poder Judicial, facilitar su control y erosionar su independencia.

Este relato se refuerza con iniciativas como el Proyecto de Ley Orgánica de ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y el Anteproyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, actualmente en tramitación. Justificadas en la supuesta necesidad de las reformas.

Ante ello, los días 1, 2 y 3 de julio, jueces y fiscales estamos llamados a la huelga, convocada por cinco asociaciones judiciales y fiscales. No es una decisión fácil: es el último recurso ante reformas que, lejos de fortalecer la Justicia, la debilitan profundamente.

¿Por qué vamos a la huelga? Porque supone el mayor ataque a la separación de poderes en 40 años. Y defender la Justicia es defender al ciudadano. La Justicia debe ser imparcial, independiente y profesional. No puede estar al servicio de intereses políticos ni ideológicos, tiene que estar al servicio de la ciudadanía.

La reforma propone eliminar pruebas esenciales en las oposiciones; crear un centro de formación de jueces dependiente del Ministerio -con el consiguiente riesgo de control ideológico-; regularizar jueces sustitutos, vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad; y disminuir las garantías de autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal, dando aún más poder al Fiscal General del Estado que seguirá nombrando el Gobierno.

La independencia judicial no es un privilegio del juez, sino una garantía para la ciudadanía Cuando se debilita esa independencia, se pone en riesgo la protección de los más vulnerables y se erosiona la confianza en el sistema. Una Justicia débil no protege: se convierte en una herramienta de poder.

Queremos una Justicia moderna, ágil y cercana. Pero eso no se construye debilitando sus cimientos, sino escuchando a quienes la sostienen, dotándola de medios adecuados, asegurando una formación exigente y protegiendo su independencia. Mejorarla no es rebajarla ni politizarla.

Por si fuera poco, esta reforma se tramita por vía de urgencia, impidiendo un debate abierto con todos los operadores jurídicos. Se elude el diálogo, que no es una opción, sino una exigencia democrática. Y cuando se niega, solo queda alzar la voz.

Por eso, frente al relato interesado, reivindicamos la verdad, la profesionalidad y el compromiso con una Justicia al servicio de todos. Sí, hemos ido a la huelga. Por ti. Por tus derechos. Por la Justicia.

Marién Ortega es magistrada y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)