En pleno récord de producción, un sector clave le suelta la mano al Gobierno
Contra todas las expectativas de la agroindustria, el Gobierno puso fin a la rebaja temporal de retenciones y, tras lograr un nivel excepcional de liquidación de commodities en torno a los u$s 5000 millones en junio, desde este martes las alícuotas de los derechos de exportación suben hasta 8,5%.
A cambio de este beneficio, el Gobierno generó un cambio en la dinámica al introducir como requisito que la liquidación del valor total de las exportaciones se completen en 15 días hábiles. Como resultado, las anotaciones se fueron corriendo progresivamente hacia la fecha más cercana al fin del incentivo.
Con estas condiciones, en junio las registraciones alcanzaron las 16.6 millones de toneladas y, del total, 8,6 millones de toneladas corresponden al complejo sojero, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que anticipó un crecimiento ampliamente superior a los u$s 3054 millones de mayo y por encima del principal registro de la historia: u$s 3815 millones de junio de 2022.
En cuanto a la fijación de precio, desde enero, ascendió a 43 millones de toneladas, de las cuales 19 millones fueron de soja; "mucho de eso se concentró en junio cuando la industria se apuró para aprovechar los aranceles más bajos que se traducen en un poder de compra más alto", Matías Contardi de la dirección de informes económicos de la BCR.
Ese ritmo se movió al compás de los anuncios oficiales que, pese a la presión de las distintas entidades rurales, no dio señales de prorrogar el incentivo.
Mientras especialistas advierten un freno en la comercialización, hacia adelante, Contardi explicó que muchas de las operaciones que se realizaron ahora son para embarcar a partir de julio lo que significa, por un lado, un importante nivel de registraciones con un DEX bajo pero "adelantar el valor total de esas exportaciones tiene un costo financiero importante". aseguró.
Disputa en alza
A horas de que las retenciones a la soja y el maíz vuelvan a subir, la Mesa de Enlace cargó contra la gestión de Javier Milei y alertó sobre el efecto negativo de la presión fiscal "asfixiante" sobre el sector.
En un mensaje conjunto hacia el ministro de Economía, Luis Caputo, Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales y la Sociedad Rural reclamaron que no haya más medidas de corto plazo sobre los derechos de exportación y pidieron "medidas urgentes y definitivas que atendieran los graves problemas de competitividad que arrastraba el sector".
"El cuestionamiento principal de la vigencia de los Derechos de Exportación (DEX), más allá de las alícuotas, es que son un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial, ha hecho que nuestro país desaproveche inmejorables oportunidades para la inversión y el desarrollo federal", planteó la Mesa de Enlace y destacó que este contexto "ha generado un inevitable retraso social, tecnológico y productivo, a pesar de los esfuerzos aislados de los productores y otros eslabones de la cadena por sostener la producción y el arraigo rural".
En números, al contrastar la evolución de la producción de soja desde 2001, mientras la Argentina pasó de 45 millones de toneladas por año a 49 millones en 2025, en Brasil ascendió de 53 a 166 millones de toneladas, en el mismo período.
La decisión oficial reavivó la disputa a nivel nacional. Los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, ya criticaron con dureza la decisión del Gobierno que afecta a los complejos de soja, maíz, girasol y sorgo.