Vivienda sí, pero sin atropellos legales
Abogada especializada en materia penal Buergo Gómez Abogados, S.C.
El derecho a la vivienda digna es uno de los pilares del Estado mexicano. Está consagrado en la Constitución y debe ser promovido por las instituciones públicas. Pero como ocurre con todos los derechos humanos, su ejercicio no puede ser absoluto ni puede ejercerse a costa de otros derechos igualmente protegidos, como el derecho a la propiedad privada.
La reciente propuesta del Infonavit para vender inmuebles ocupados plantea serias dudas jurídicas y sociales. La intención de ampliar el acceso a la vivienda es valiosa, pero requiere un mecanismo jurídicamente viable para que pueda cumplirse sin vulnerar otros derechos.
En México, ninguna autoridad puede disponer legalmente de un inmueble si no ha sido adjudicado mediante resolución judicial firme. El solo hecho de que un inmueble esté ocupado o el crédito esté vencido no elimina el derecho del propietario original. Pretender vender casas en estas condiciones implica, en la práctica, que el Estado estaría haciendo un segundo acto jurídico sin haber terminado el primero: transferir la propiedad sin haberla recuperado previamente de forma legal.
Esto, además de jurídicamente erróneo, abriría la puerta a miles de litigios. ¿Qué pasará si el propietario reaparece y demuestra que fue privado ilegalmente de su inmueble? ¿Qué consecuencias patrimoniales enfrentará el Infonavit si se le condena a pagar daños por vender una casa que nunca le fue adjudicada? ¿Qué pasará con el ocupante que pagó de buena fe creyendo que adquiría algo legítimo?
A esto se suma una situación aún más compleja: la ocupación legal de inmuebles mediante contratos de arrendamiento. Supongamos que alguien le rentó su casa —adquirida con crédito Infonavit— a un tercero. Si ese arrendatario deja de pagar renta, el propietario quizá no podrá seguir pagando su crédito. ¿Debe el Estado castigar a ese propietario —que actuó conforme a derecho— y premiar al inquilino que dejó de pagar? ¿Debe ofrecerle la casa al ocupante sin tomar en cuenta el contrato privado?
La lógica de esta iniciativa parece estar guiada por una idea peligrosa: que el hecho de vivir en una casa, sin importar cómo se llegó a ella, da derecho automático a ostentar la propiedad. Si esa premisa se normaliza, no solo se desincentivará el cumplimiento de contratos, sino que se pondrá en riesgo el sistema de crédito hipotecario, la seguridad jurídica y el respeto a los actos jurídicos válidamente celebrados.
El problema de la vivienda en México es real. Pero su solución requiere mecanismos legales sólidos, no atajos populistas ni reformas que vulneren la propiedad privada. Lo que se necesita es una política pública seria que contemple planes de renta con opción a compra, incentivos para regularizar ocupaciones cuando proceda legalmente, e intervención judicial obligatoria para cada caso.