El Gobierno transfiere a la nueva empresa pública 40.000 viviendas de la Sareb para destinarlas a alquiler asequible
Vivienda incorpora miles de inmuebles al parque público tras una evaluación en la que ha determinado "cuáles pueden estar lo antes posible a disposición de la ciudadanía"
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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cesión a la nueva empresa pública de vivienda de 40.000 inmuebles de la Sareb, el conocido como banco malo, para ponerlos “a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible” de forma “urgente y estratégica”. Este traspaso responde a la intención de levantar, en torno a la Entidad Pública del Suelo (Sepes), una empresa estatal, con capacidad de promover y contruir vivienda a precio asequible, tanto para venta como para alquiler.
“Se trata de poner a disposición de la ciudadanía estas viviendas en forma de alquiler asequible, por debajo del precio de mercado y, en ningún caso, superando el 30% de los ingresos de las familias”, ha desarrollado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha incidido en que “lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”. En concreto, el Ejecutivo ha hecho una evaluación de los activos de la Sareb para comprobar “cuáles pueden estar lo antes posible” en alquiler.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado en enero su intención de incorporar a esta nueva empresa pública decenas de miles de viviendas de la Sareb. “Es una bolsa de inmuebles que se financió con dinero público y que ahora vamos a devolver a la gente”, afirmó entonces. Bajo esa premisa, la de recuperar “las casas que nunca debimos perder”, el Ministerio de Vivienda lleva meses trabajando en este cambio de titularidad con el “objetivo prioritaro” de “reconstruir el parque público de vivienda”. “Entre salvar a los bancos o salvar a las familias, nuestro modelo es lo público, salvar a las familias”, ha destacado Rodríguez.
La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.
Con el traspaso aprobado este martes en el Consejo de Ministros, la empresa pública de vivienda sumará más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 viviendas. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace, ha dicho Rodríguez, sin coste para el Estado, a través de “una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo”.
Vivienda lleva meses perfilando esta acción, con el objetivo de que las casas y suelos que se transfieran sean útiles ante la crisis residencial que asola al país. En concreto, desde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se han establecido criterios geográficos, como que estén ubicadas en municipios de las áreas metropolitanas y las islas, con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes o de más de 1.000 pero con crecimientos de más del 5% en la última década; económicos, como todas aquellas de hasta 85 metros cuadrados y de hasta 150, si el valor de tasación no supera en un 40% el de la estadística de valor tasado de vivienda; y técnicos, como que los inmuebles no presenten patologías estructurales.
Además, el Gobierno ha habilitado a la empresa pública 593 millones de euros para adecuar estas viviendas, desarrollar los suelos adquiridos y continuar con las compras en marcha para, ha dicho Rodríguez, “conformar ese parque público de vivienda” con carácter permanente.