Defensores ambientales se reunirán para exigir protección frente a la violencia que los afecta
Más de 90 defensores de 20 regiones del Perú se reunirán en Lima para visibilizar sus luchas territoriales y denunciar la creciente criminalización que enfrentan quienes protegen los recursos naturales y sus comunidades, lo cual no solo les afecta a ellos y ellas, sino también a sus familias.
Participarán en el III Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, que se llevará a cabo del 7 al 9 de julio.
Según la organización Global Witness, el Perú ocupa el sexto lugar entre los países más peligrosos del mundo para defensores ambientales, con más de medio centenar de asesinatos en la última década lo que refleja la dura realidad que enfrentan a diario. Además, según la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron 39 casos de afectaciones a defensores incluyendo hostigamiento judicial, amenazas y violencia física.
La situación es especialmente crítica en Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, donde al menos 226 defensores se encuentran en riesgo, enfrentando amenazas de muerte, hostigamiento judicial y ataques armados debido al avance de actividades ilícitas como la minería ilegal, la tala indiscriminada y el narcotráfico, situación que se agrava por la ausencia del Estado en esos territorios.
En el encuentro, organizado por el Grupo Impulsor de la Campaña Nacional de Defensores y Defensoras del Perú, también se buscará dar visibilidad a casos representativos de afectaciones a los derechos de defensores y defensoras. Entre ellos destaca el caso de Cotabambas, Apurímac, donde 11 comuneros y comuneras fueron sometidos a más de una década de procesos judiciales motivados por denuncias infundadas, siendo finalmente absueltos. Su 'delito' fue oponerse al proyecto minero Las Bambas, que ha generado graves impactos ambientales en la zona.
En Cajamarca, el fantasma del proyecto Conga —suspendido en 2012 y que hoy está en debate su posible reactivación— vuelve a despertar el temor en las comunidades, que ya sufrieron la pérdida de cinco vidas durante las protestas contra el proyecto sin que, hasta ahora, se haya sancionado a los responsables.
En Chaparrí, Lambayeque, la comunidad Muchik Santa Catalina de Chongoyape, reconocida por custodiar la primera Área de Conservación Privada del Perú, enfrenta constantes amenazas de mafias interesadas en apoderarse de su territorio. Su presidente, Edivar Carrasco, ha recibido siete amenazas de muerte. Aunque algunos procesos penales fueron archivados, el riesgo para su vida y la de su comunidad continúa latente.
Mientras tanto, en Urinsaya, Cusco, 10 comuneros son acusados de secuestro por la empresa Las Bambas. La fiscalía ha solicitado penas de hasta 30 años de prisión en un caso que evidencia una preocupante criminalización de la protesta social, sin pruebas contundentes que sustenten las acusaciones.