La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación sobre Uber Eats para vigilar que su modelo de contratación cumple con las exigencias legales de reconocer como asalariados a sus trabajadores , según han confirmado a Europa Press en fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz. «La ley está para cumplirla. Ninguna empresa está por encima de ella. Lo hemos dicho mil veces: una persona pedaleando con una mochila no es un autónomo », ha declarado Díaz en sus redes sociales tras adelantar 'El País' el inicio de esta investigación a Uber Eats. Desde Trabajo se vigila «estrictamente» que el modelo de contratación de las empresas de reparto cumpla con las exigencias legales de reconocimiento de laboralidad establecidas en la llamada 'Ley Rider'. Esta norma, que obliga a las plataformas digitales de reparto a contratar como asalariados a sus repartidores, entró en vigor en agosto de 2021. La ley, fruto del acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto o mercancía y sus trabajadores. En ella se reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020 en la que establecía que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Por el incumplimiento de este precepto ya fue multada en el pasado otra plataforma de reparto, Glovo, que llegó a recibir sanciones por más de 200 millones de euros de la Inspección de Trabajo. El CEO y cofundador de Glovo, Oscar Pierre, adelantó recientemente que, desde el pasado 1 de julio, el 100% de la flota de Glovo ya cuenta con un contrato laboral . «No hay ninguna plataforma de delivery en el mundo que haya hecho una transición tan rápida y tan radical», dijo Pierre. «Estamos contentos de llegar finalmente a este final de capítulo y abrir un nuevo capítulo donde espero que no haya conflicto y podamos construir desde cero», añadió. Por su parte, Just Eat interpuso una demanda contra Glovo por competencia desleal , cuyo juicio ya ha quedado visto para sentencia, por contratar presuntamente a sus 'riders' como falsos autónomos, motivo por el que reclama a Glovo 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Just Eat alegó en su demanda que existen numerosas sentencias que condenan a Glovo por contratar a sus repartidores como falsos autónomos, así como por vulnerar la normativa de Derecho Laboral. Este hecho, argumentó, coloca a Just Eat en una «clara situación de desventaja competitiva», ya que esta compañía sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales, tal y como exige la ley. Just Eat sostiene que mediante la contratación de falsos autónomos Glovo se ahorró más de 645 millones de euros .
