A pesar de ser uno de los países más biodiversos de Europa y de contar con una amplia trayectoria en la implementación de políticas ambientales, España aún enfrenta grandes desafíos en materia ecológica, según revela la cuarta revisión de la implementación ambiental ( Environmental Implementation Review , en inglés) publicada por la Comisión Europea. El informe, que sigue cómo cada país aplica la normativa europea medioambiental -una de las reglamentaciones más ambiciosas a nivel internacional- destaca que la legislación y las políticas ambientales de la Unión Europea han contribuido a preservar y mejorar el medio ambiente en España. No obstante, advierte que persisten importantes necesidades de inversión y retos estructurales en sectores clave como la gestión del agua y los residuos, la biodiversidad, la calidad del aire y la gobernanza ambiental. Uno de los puntos positivos del informe es la creación de una división específica dentro del Ministerio para la Transición Ecológica, encargada de supervisar la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», un eje clave del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR). Esta unidad también ha desarrollado directrices para ayudar a las autoridades y actores implicados a implementar correctamente las medidas del plan. Asimismo, España muestra un buen desempeño en la aplicación de la Directiva INSPIRE, centrada en la información geográfica para la gestión ambiental, y se destaca por su experiencia en la preparación y gestión de proyectos cofinanciados por el programa europeo LIFE. Pero no todo es positivo en el informe. El documento señala que la economía circular sigue siendo una asignatura pendiente, ya que España no alcanzó el objetivo de la UE de reciclar el 50% de los residuos municipales para 2020, y se encuentra en alto riesgo de no cumplir los objetivos fijados para 2025, que se sitúan en el 55%. De hecho, según los últimos datos disponibles que datan del 2023, el reciclaje en nuestro país se sitúa en torno al 39%, muy lejos de las aspiraciones europeas. Según indican, lograr esas metas requerirá un refuerzo significativo en políticas, infraestructura y concienciación ciudadana. En materia de contaminación y gestión del agua, el informe advierte sobre deficiencias en la gobernanza, la rehabilitación de masas de agua y la eficiencia en su uso. Muchas regiones siguen necesitando inversiones urgentes en infraestructuras hidráulicas. En lo relativo a naturaleza y biodiversidad, el reto principal está en la falta de objetivos y medidas de conservación adaptados a cada espacio protegido. También se señala la necesidad de destinar más recursos a la gestión efectiva de la red Natura 2000, un conjunto de áreas designadas por su alto valor ecológico. Según Bruselas, España podría aprovechar mucho más su «valioso capital natural» como motor de crecimiento verde y creación de empleo. El informe también pone cifras a las necesidades económicas: España necesita invertir 10.800 millones de euros adicionales al año -el equivalente al 0,81% de su PIB- para cumplir con los objetivos ambientales marcados. Esta cifra supera ligeramente la media europea (0,77%) y se concentra especialmente en los ámbitos de biodiversidad y ecosistemas. Además, la Comisión Europea recomienda mejorar la coordinación entre las autoridades ambientales y fomentar una integración más profunda del desarrollo sostenible en todas las áreas de política pública. Aunque los desafíos son grandes, los avances y estructuras ya existentes -como el impulso del PRR o los fondos europeos- ofrecen una base sólida para que España acelere su transición ecológica. Con el foco adecuado en la gobernanza, la inversión estratégica y el cumplimiento riguroso de la normativa, el país podría consolidarse como un referente ambiental en Europa.
