El precio de debilitar el Estado de derecho
El Poder Judicial de la Ciudad de México duró más de un mes en paro. No se trató de un fenómeno coyuntural ni de una protesta aislada: es un síntoma más de una crisis institucional profunda. El personal judicial exigía condiciones laborales dignas —base, aumento salarial y prestaciones justas— en el contexto de la implementación de una reforma judicial local que concentra atribuciones y genera incertidumbre sobre la autonomía de los órganos jurisdiccionales.
La negativa a estas demandas contrasta con la reciente aprobación de un aumento del 10 por ciento (9 por ciento retroactivo y 1 por ciento en septiembre) al salario de los maestros a nivel federal, anunciado con bombo y platillo, que implicará un incremento anual superior a 36 mil millones de pesos. En cambio, la paralización de uno de los tres poderes de gobierno en la capital del país —además de ser un centro económico y financiero de primer orden— ha mantenido un perfil mediático alarmantemente bajo.
Este silencio contrasta con la magnitud del problema. La suspensión indefinida de los tribunales no solo afecta a miles de justiciables, empresas y litigantes. Envía un mensaje inequívoco de descomposición institucional: la justicia ha dejado de impartirse, y nadie parece urgido por restaurarla.
A nivel federal, el panorama no es más alentador. La reforma judicial aprobada en junio de 2025 derivó, como se anticipaba, en el nombramiento de los candidatos que figuraban en los “acordeones”, confirmando la lógica de control político sobre el nuevo diseño institucional. Preocupantemente, el juicio de amparo —históricamente el medio de defensa de la regularidad constitucional, accesible tanto a ciudadanos como a empresas— ha perdido buena parte de su eficacia y prestigio, como resultado de los constantes embates contra la división de poderes y del debilitamiento progresivo de la independencia judicial. La reforma más reciente representa un golpe que podría ser fatal para su eficacia probada, del que difícilmente se prevé una recuperación en el corto plazo.
En paralelo, se perciben otros frentes de riesgo institucional: desde la manipulación de reglas para soslayar la sobrerrepresentación electoral, hasta diversas reformas constitucionales y legales que comparten un denominador común: la erosión institucional y la concentración del poder. Un caso actual es la anunciada reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Lo que se anticipa no es un ajuste técnico, sino un intento de recentralizar decisiones estratégicas, someter al regulador de telecomunicaciones y abrir espacios a la captura política del espectro radioeléctrico y la infraestructura digital.
La suma de estos procesos —el paro judicial, las reformas constitucionales y legales, la recentralización regulatoria— conforma una narrativa inquietante: la erosión progresiva del Estado de derecho como costo colateral de decisiones políticas de control a corto plazo. En este contexto, el derecho deja de ser una garantía para el ciudadano o el inversionista, y se convierte en un terreno incierto, mutable y subordinado a la voluntad del poder político.
Frente a esta realidad —en la que el juicio de amparo parece haber perdido relevancia como herramienta de defensa institucional, legal y patrimonial—, cabe una reflexión seria sobre el precio económico que deberá afrontar nuestro país ante esta debilitación articulada del Estado de derecho.
Se requiere una respuesta firme y coherente desde la sociedad civil, la abogacía, la academia y el sector privado. Defender las instituciones no es tarea exclusiva de los tribunales, ni de una oposición que luce debilitada y políticamente ineficaz: también lo es del debate público, de la ciudadanía activa y de quienes toman decisiones en el ámbito económico. Principalmente, porque serán ellos quienes habrán de enfrentar la mayor parte del costo económico, social y de libertades que esta regresión institucional anuncia.
Debilitar las instituciones jurídicas puede parecer, para algunos, una victoria coyuntural. Pero sus efectos son profundos y duraderos: sin ley creíble, no hay inversión sostenible; sin jueces independientes, no hay certeza jurídica; y sin contrapesos, no hay democracia funcional.