Congreso y Ejecutivo debilitan la lucha contra el crimen organizado, concluye Human Rights Watch
Este Congreso, con las leyes que ha dado en los últimos años, está debilitando gravemente la independencia de jueces y fiscales, y su capacidad para enfrentar el crimen organizado; y el Ejecutivo, con los estados de emergencia como principal estrategia de seguridad posibilita dicha agenda, advierte Human Rights Watch (HRW).
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En el informe ‘Legislar para la impunidad: cómo el Congreso permite el avance del crimen organizado’ se explica cómo las normas dadas por el Parlamento recientemente han servido para obstaculizar investigaciones, afectado instituciones y ha ocasionado un retroceso en la protección ambiental.
“Si bien el crimen organizado también se está expandiendo en otros países de América Latina y el Caribe, en el Perú ha encontrado condiciones prácticamente únicas en la región: un Congreso disfuncional que ha tomado múltiples medidas para debilitar el marco jurídico para enfrentar a organizaciones criminales y un Poder Ejecutivo débil, incapaz o poco dispuesto a actuar”, refiere el documento.
Detalla que, para elaborarlo, entrevistaron a 125 personas, entre ellas fiscales, jueces, policías, defensores ambientales, líderes indígenas, periodistas y funcionarios gubernamentales. Estuvieron en Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa y Trujillo. También analizaron 34 leyes y decisiones legislativas, así como 54 decretos presidenciales emitidos desde 2023.
“Nuestros hallazgos indican que, en lugar de fortalecer las instituciones públicas para combatir el crimen organizado, el Congreso, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción u otros delitos, ha debilitado la independencia y la capacidad de jueces y fiscales, lo que facilita la expansión del crimen organizado”, sentencia el informe.
Leyes proimpunidad
HRW menciona que el Legislativo, con más de la mitad de sus miembros investigados por corrupción y otros delitos, impulsó una norma que ha limitado drásticamente la colaboración eficaz, lo que impacta negativamente en las acciones judiciales para desmantelar grupos criminales y descubrir sus conexiones con funcionarios corruptos.
También cuestiona la ley que modificó la definición de crimen organizado en el Código Penal con el objetivo de excluir el delito de corrupción y poner obstáculos a los allanamientos.
Otra norma proimpunidad que ha citado es la llamada ley antiforestal, la que facilita la deforestación de grandes áreas. Los responsables ya no serán procesados por la destrucción ambiental en la que incurran.
“Aunque el Gobierno de la presidenta Boluarte en contadas ocasiones ha intentado frenar la agenda legislativa contraria a los derechos humanos, con demasiada frecuencia ha permitido que el Congreso avance, sin tomar iniciativas propias para combatir eficazmente al crimen organizado”, precisa el informe, remarcando que más bien ha optado por declarar “estados de emergencia” que suspenden derechos constitucionales, sin que se haya logrado reducir los homicidios.
Además, el Congreso ha amenazado con restringir gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil en el Perú. Y en marzo de 2025, aprobó la denominada ley Anti-ONG, que amplía significativamente la autoridad del Gobierno sobre periodistas y organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero.
Recomendaciones: derogar normas
El informe de HRW exhorta al Parlamento a modificar o derogar las leyes que obstaculizan la lucha contra el crimen organizado y recorta las capacidades de jueces y fiscales, así como las que implican un retroceso en el cuidado del medio ambiente.
Al Gobierno de Dina Boluarte, le plantea implementar una estrategia de seguridad respetuosa de los derechos humanos, para desmantelar los grupos criminales, así como evitar los estados de emergencia prolongados.
Asimismo, le exige al Gobierno, como parte de su proceso de adhesión a la OCDE, que tome medidas concretas “para eliminar las barreras a la investigación efectiva del crimen organizado, los delitos ambientales y la corrupción; garantizar el respeto a la separación de poderes; proteger y promover el espacio cívico; y robustecer las protecciones ambientales”.
“Ha dejado a millones de peruanos más vulnerables”
“El ataque del Congreso al Estado de derecho ha dejado a millones de peruanos más vulnerables frente al crimen organizado”, señaló la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus. “El Congreso y el Gobierno de Boluarte deben revertir urgentemente estas medidas y proteger los derechos de toda la ciudadanía”, instó.
Dijo que “una política de seguridad efectiva y respetuosa de los derechos humanos requiere fortalecer, en lugar de debilitar, las herramientas que jueces, fiscales y peritos forenses necesitan para buscar justicia para las víctimas del crimen organizado”.
Comentó que la OCDE pida a las autoridades “garantizar la separación de poderes y eliminar obstáculos en la lucha contra el crimen organizado, la destrucción del medio ambiente y la corrupción”.