La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe a los pozos ilegales en Málaga, que se resume en investigación a 36 personas físicas y dos sociedades por la comisión de delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente. Se investigan hasta 20 delitos por el aprovechamiento de recursos hídricos con afección al medio ambiente. Durante casi un año de operación policial, los guardias civiles han llevado a cabo 110 inspecciones de infraestructuras de extracción y manipulación de aguas, principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación . El principal delito que se ha investigado fue supuestamente cometido por los responsables de una empresa de venta de materiales de construcción que, durante al menos cinco años, extrajeron agua de pozos para su venta y reparto ilegal con cisternas a viviendas, piscinas o para uso industrial. Se estima que utilizaron 2.400 cubas, equivalente a un volumen de 12 millones de litros , y cuyos beneficios superarían los 240.000 euros, sin contar con el daño y perjuicio para el dominio público hidráulico. De igual manera se ha actuado sobre captaciones ilegales de aguas superficiales donde se han detectado un total de 1 87 infracciones administrativas en materia de aguas, tales como, extracciones de agua sin autorización o en cantidades superiores a las autorizadas, carecer de contadores volumétricos para conocer los consumos o destinar agua a un uso no autorizado. También se han detectado otro tipo de infracciones como son la apertura de pozos o sondeos, la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística o la transformación de suelo de cultivo de secano a regadío de manera ilegal. Estas conductas se han visto agravadas por la situación hídrica existente durante meses en la provincia, que estaba declarada como «sequía persistente» , estableciéndose incluso restricciones de agua en algunas zonas. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente de Málaga, que han contado con la participación del Servicio de Dominio Público Hidráulico, de los Guardas Fluviales y agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
