El Ayuntamiento de Barcelona ha mandado este martes la nueva propuesta de convenio de colaboración a la plataforma Airbnb que contempla, entre otras medidas, que los anuncios ilegales se retiren en un máximo de 48 horas, mientras que, con el convenio anterior, lo podían hacer en un plazo de entre 10 y 15 días . La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha explicado en declaraciones a los medios que las exigencias que expresan a través de este nuevo convenio «son demandas de sentido común». «Pedimos cosas tan sencillas como que la información de la que disponga en su plataforma sea cierta y que los datos sobre los pisos se ajusten a la realidad, y que antes de colgar un anuncio se verifique la identidad del anfitrión, porque no podemos encontrarnos con anuncios publicados por alguien llamado James Bond «, ha añadido. La nueva propuesta también obliga a Airbnb a «controlar de forma rigurosa la legalidad de los alojamientos ofrecidos en la plataforma». Para hacerlo, la plataforma deberá compartir con el Ayuntamiento los datos de los anuncios de la plataforma mensualmente para que el consistorio pueda comunicar listados de cuales eliminar mientras no sean accesibles a través de la Finestreta Única Digital d'Arrendaments. Además, el acuerdo implicaría la cesión de los datos de los titulares de las cuentas bancarias donde reciben los pagos de las operaciones hechas en la plataforma «para reforzar la trazabilidad de las transacciones y la lucha contra el fraude «. Con la cesión de datos, en los anuncios de alquiler de menos de 32 días será obligatorio introducir el número de licencia piso de uso turístico, que desde este julio será substituido por el número de registro único de arrendamiento que da el registro de la propiedad. En el caso de los de más de 32 días, no podrán abrir el calendario para reservas de corta duración sin una licencia vigente y solo se podrán anunciar alojamientos registrados en la ventanilla única estatal. Bonet ha explicado que ahora darán 15 días a la plataforma para responder a la propuesta y que esperan que el acuerdo sea posible, pero en caso que la rechacen no negociarán «ninguna» de las demandas . «Como ya dijimos en la última comparecencia, los equipos ya están estudiando todas las acciones por la vía civil, administrativa o penal que correspondan porque necesitamos poder garantizar el complemento de la normativa en un tema, además, tan sensible como el acceso a la vivienda», ha concluido.
