Ministerio Público enfrenta a Fiscalía de Aviación por caso de funcionarios FACh vinculados a drogas
El Ministerio Público presentó una contienda de competencia ante la Corte de Apelaciones de Iquique, luego de que la Fiscalía de Aviación se negara a entregar información sobre cinco funcionarios de la FACh detenidos por intentar trasladar drogas en un vuelo institucional desde Iquique a Santiago.
Los hechos ocurrieron durante un control interno de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que detectó a los uniformados con sustancias ilícitas a bordo de la aeronave. Tras el hallazgo, los involucrados fueron detenidos, y la institución emitió una declaración pública reafirmando su compromiso con la probidad.
La Fiscalía Regional de Tarapacá, liderada por María Trinidad Steinert, solicitó con urgencia los antecedentes del procedimiento al fiscal de Aviación, Carlos Yáñez, quien respondió que “no le es lícito informar, comunicar o remitir antecedentes relativos a hechos sometidos a un Tribunal Militar”, aludiendo a la competencia exclusiva de la justicia castrense.
Sin embargo, el Ministerio Público rechazó esta postura, argumentando que el acceso a dicha información es indispensable para determinar si los delitos deben ser investigados por tribunales ordinarios. A juicio de la Fiscalía, el caso involucra tráfico de drogas y un posible uso indebido de recursos públicos, delitos comunes que podrían superar el ámbito de la justicia militar.
En el escrito judicial, el Ministerio Público enfatiza que la negativa “impide ejercer las facultades constitucionales” de investigación. Añade que se podría estar obstaculizando la identificación de cómplices civiles o la existencia de redes criminales vinculadas al narcotráfico.
La presentación se apoya en el Artículo 19 del Código Procesal Penal, que obliga a todas las autoridades a colaborar con el Ministerio Público, y en la Ley 20.000, que establece que solo el Ministerio Público y las policías pueden investigar delitos de drogas.
La fiscal Steinert también citó jurisprudencia de la Corte Suprema, recordando que la competencia militar debe aplicarse de forma restrictiva, limitada a delitos estrictamente vinculados a funciones militares, no a crímenes que afectan bienes civiles como la salud pública.
Finalmente, la Fiscalía solicitó a la Corte de Iquique ordenar la entrega inmediata de los antecedentes, subrayando que la colaboración entre organismos del Estado es esencial para enfrentar fenómenos criminales complejos.
El Ministerio Público aclaró que no busca intervenir en la labor de la justicia militar, sino definir con claridad las competencias para evitar investigaciones paralelas y asegurar una persecución penal eficaz.