Cambia el salario de los empleados públicos para siempre: la nueva medida que afectará a sus cuentas bancarias

Desde la llegada de Javier Milei al poder, el escenario de los empleados públicos en la Argentina cambió por completo: desde despidos hasta atrasos salariales o nuevos exámenes de idoneidad, los estatales contratados se ven obligados a adaptarse a estas novedades.

Entre estas medidas, hace pocos meses el Gobierno Nacional puso en marcha una desregulación que cambia para siempre la forma en que los empleados públicos cobran sus salarios.

Se trata de la posibilidad de que los trabajadores estatales cobren el sueldo en otras entidades además del Banco Nación, en un paso para que las empresas públicas no tengan privilegio a la hora de ser contratadas para brindar servicios al Estado.  

"En virtud de lo dispuesto por el artículo 50 del Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023, las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga", indica la decisión administrativa 9/2025 publicada por la Jefatura de Gabinete pocos meses atrás.

Por ello, el Gobierno de Javier Milei adjudicó a fines de abril a once bancos la posibilidad de brindar el servicio de apertura, gestión y mantenimiento gratuito de cuentas sueldo para empleados públicos por el término de tres años, con opción a prórroga por el plazo de hasta un año adicional.

Los proveedores seleccionados fueron Credicoop, Patagonia, Santander, ICBC, Galicia, BBVA, Macro y Supervielle.

La Decisión Administrativa también desestimó las ofertas presentadas por Banco Hipotecario, Banco Ciudad y Brubank por resultar "inadmisibles".

Tanto el Hipotecario como Brubank impugnaron la decisión, pero sus presentaciones fueron revocadas por no presentar documentación requerida en tiempo y forma, y por no cumplir con los requisitos de admisibilidad formal, respectivamente.

Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno viene recortando los empleos estatales y los salarios de este grupo, el cual se encuentra en estado de alerta por las paritarias bajas o prácticamente nulas a las que se enfrentan hace meses.