Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa con los votos a favor de PSOE y Partido Popular y en contra de Vox. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, fue el encargado de presentar esta norma cuyo objetivo «es avanzar» hacia una administración regional «más moderna, dinámica, digitalizada, proactiva y cercana a los ciudadanos». Así, quiso agradecer tanto a socialistas como 'populares' «su predisposición» para llegar a acuerdos y sacar adelante una ley que va a «beneficiar a los ciudadanos». «Porque los acuerdos son buenos : los mayores avances en la sociedad se han conseguido con dos planteamientos diferentes», afirmó dirigiéndose a la bancada de Vox. El vicepresidente primero del Gobierno regional destacó que una de las novedades que incluye esta ley es el 'Espacio Ciudadano ', una plataforma desde la que la ciudadanía podrá acceder a expedientes y conocer el estado de situación de los procedimientos o trámites y desde donde se podrán recibir notificaciones y tener un conocimiento preciso de todos los servicios que presta la Administración Pública. «Es la apuesta de este Gobierno para dar el salto definitivo para la administración del mañana», asguró. Además, e l texto incluye la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TrLOTAU) , facilitando así la agilización de los procedimientos administrativos, tanto en beneficio de la ciudadanía y de las empresas como de la propia Administración regional. Los cambios suponen la supresión de trámites o la acumulación de los mismo, además del apoyo de la Administración regional a los pequeños municipios. El diputado del Grupo Popular, Santiago Serrano, aseguró que su apoyo a esta norma «no es un cheque en blanco» y subrayó que estarán «vigilantes a su desarrollo sectorial y reglamentario». Asimismo, añadió que, ante todo, «la prioridad es la suficiencia de recursos humanos», lo cual analizará, a instancias de una enmienda del PP, en la Comisión de Simplificación–, porque «las entidades deben ser de colaboración, no de sustitución de la función pública». Entre las principales medidas incluidas por el PP están incluir a los ayuntamientos en este ámbito de aplicación de la ley, incluir a la agricultura en el ámbito de aplicación de las entidades de colaboración o introducir bonificaciones cuando convivan tasas y tarifas, así como a decuar la LOTAU a la realidad urbanística. Por su parte, el diputado de Vox, Luis Juan Blázquez, justificó su rechazo a esta ley porque «solo sirve para disfrazar, bajo palabras de digitalización y agilización, una privatización encubierta de los servicios públicos» . «Esto es algo que no solo lo dice Vox sino también los sindicatos, funcionarios, profesionales, asociaciones y lo dicen muchas asociaciones del sector civil».
