Hasta darles carpetazo, tratar de zanjar los casos de corrupción que afectan a su círculo más estrecho y a su partido, como el pasado miércoles hizo el presidente del Gobierno con un 'discurso de clausura' hecho a la medida de sus socios parlamentarios , no deja de ser un brindis al sol y una demostración pública de los intereses que comparten el PSOE y sus aliados. Son los tribunales de Justicia, en especial el Supremo, quienes se encargan, ahora a través de una investigación sobre las donaciones de José Luis Ábalos al Partido Socialista, los que tienen en su mano los instrumentos legales, procesales y penales –también a la UCO como policía judicial– para combatir la corrupción. Sobran las agencias gubernativas anunciadas de forma pomposa y hueca por el jefe del Ejecutivo ante un fenómeno que pasa de forma inexcusable por los juzgados, los mismos cuya instrucción pretende Sánchez entregar a la Fiscalía, más dócil y previsible en sus pesquisas.
