Betssy Chávez denuncia casos de abuso sexual y corrupción en Penal de Mujeres de Chorrillos
Durante la última audiencia del juicio oral que se le sigue por el intento de golpe de Estado, la exministra Betssy Chávez volvió a denunciar abusos dentro del Penal de Mujeres de Chorrillos. En presencia del presidente del INPE, Emilio Paredes Yataco, la acusada afirmó que ha sido víctima de abuso sexual y de actos de corrupción, y cuestionó que el Ministerio Público no haya tomado acciones pese a sus reiteradas alertas sobre hostigamiento por parte del personal penitenciario.
"Para mí es muy penoso y muy vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago por celdas a través de dádivas, obtener economatos con pagos de cupos. Y he de señalar directamente a la directora Nelly Aquino Guardales, a la integrante del Órgano Técnico de Tratamiento (OTT), Vilma Paucar y a la jefa de seguridad, Elvia Córdova Mondragón, que han convertido el Penal de Mujeres de Chorrillos en su patio trasero", denunció Betssy Chávez.
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La exministra del Gobierno de Pedro Castillo agregó que las tres trabajadoras del penal estarían operando junto con internas para hacerlas dueñas de la cárcel de mujeres a cambio de dádivas. Con estos fundamentos, solicitó al Ministerio Público que se inicie una investigación por organización criminal y abuso de autoridad en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
Betssy Chávez hace responsable al Inpe de cualquier atentado a su persona
Chávez responsabilizó a las tres trabajadoras del Inpe, acusándolas de que un día previo a la reciente audiencia fueron causantes de un trato hostil hacia su persona, por lo que teme que la siguiente semana pueda ya no estar con vida. "No quiero que se emita un informe diciendo: 'la señora murió por causas desconocidas'", afirmó con voz decisiva.
La alarmante denuncia de Betssy Chávez ha hecho eco en personas públicas como la congresista Ruth Luque, quien se unió al pedido de la investigada y solicitó a la Fiscalía, Ministerio de Justicia e Inpe actuar y garantizar una investigación rigurosa sobre las acusaciones. "Las personas privadas de libertad tienen derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal", precisó.