Justicia argentina procesa a Alberto Fernández por presunta corrupción con un perjuicio de US$ 300 millones
La Justicia de Argentina dictó un procesamiento contra el exmandatario Alberto Fernández por supuestas irregularidades en la contratación de seguros destinados al sector público durante su gestión entre 2019 y 2023. Las maniobras habrían generado un perjuicio económico para el Estado que se estima en aproximadamente US$300 millones.
La causa se centra en un decreto presidencial que ordenó al sector público contratar exclusivamente con Nación Seguros S.A., empresa dirigida por un amigo de Fernández. Como parte del fallo, el magistrado dispuso un embargo sobre los bienes del exmandatario por US$11.000.000.
¿Por qué fue procesado Alberto Fernández y qué consecuencias legales podría enfrentar?
De acuerdo con la investigación judicial, el expresidente firmó en 2021 un decreto que centralizaba todas las contrataciones de seguros estatales en Nación Seguros S.A., liderada por Alberto Pagliano, un allegado personal. En ese contexto, los intermediarios Pablo Torres García y Héctor Martínez Sosa —este último, pareja de su entonces secretaria María Cantero— fueron favorecidos, situación que el juez interpretó como un uso indebido del cargo.
Fernández enfrenta cargos por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", delito contemplado en el Código Penal argentino con penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aunque no se dictó prisión preventiva, el procesamiento constituye su primera imputación por un hecho de corrupción.
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¿Qué otras acusaciones enfrenta Alberto Fernández además de las relacionadas con los seguros?
Aparte del caso mencionado, Fernández también está implicado en una denuncia por violencia de género presentada por la exprimera dama Fabiola Yañez, madre de su hijo menor. La denuncia abarca un período de ocho años, incluyendo su presidencia, y lo acusa de amenazas coactivas y lesiones, tanto leves como graves.
En abril, un tribunal de segunda instancia ratificó la acusación formal y lo dejó al borde del juicio oral. Si el proceso avanza, Fernández se convertiría en el primer expresidente argentino en enfrentar simultáneamente causas activas por corrupción y violencia de género.