Los sindicatos contra la ley de simplificación: «La administración se va a convertir en una macro gestoría donde todos van a querer pillar cacho»

Sindicatos miembros de la Junta de Personal de Toledo se han concentrado este viernes a las puertas de la Delegación de Bienestar Social para mostrar su rechazo a la Ley de Simplificación y Agilización Administrativa de Castilla-La Mancha que se aprobó este jueves con los votos del PSOE y PP. Vox votó en contra. El presidente de la Junta de Personal funcionario de Toledo, Gustavo Fabra, ha afirmado que se trata de una ley «de derechas» que no ha sido aprobada con «consenso social» sino con « consenso empresarial« ya que «solo beneficia a intereses particulares». Ha agradecido al Consejo Consultivo su «valentía» por su dictamen inicial donde declaraba que esta norma «tenía partes estructurales ilegales « y »supo poner cada cosa en sus sitio«. También ha afirmado que van a estar «muy atentos» para ver como se desarrolla esta norma que « atenta contra los servicios públicos y fomenta las privatizaciones «. »Queremos ver como funcionan las entidades colaboradores y si esto se convierte en una red clientelar«, ha sentenciado. En este sentido, la delegada de la Junta de Personal, Victoria Ortiz, ha denunciado que una de las peores consecuencias que traerá consigo esta ley será que «los datos de los ciudadanos estarán en manos de empresas privadas « que recabará, preparará y hará los informes preceptivos para que solo la administración tenga que dar informe favorable o desfavorable. Así, ha lamentado que cómo realmente se agilizan los trámites es contratando a más empleados públicos no «externalizando el trabajo con empresas privadas». Para el delegado del sindicato USO, Roberto Rincón, «hoy es un día triste» porque con esta nueva ley se « ha consumado un atentado más contra la Función Pública en Castilla-La Mancha «. »Se fomentarán los chiringuitos paralelos a la Administración Pública donde se colocarán a los amigos. Será un servicio público a medida de los políticos«, ha sentenciado. Para Juan Bautista González, coordinador regional de CCOO, esta ley supone una «privatización sistemática de todos los servicios públicos». «Es un versión refinada de lo que pensaba hacer Cospedal pero con estudios», ha denunciado. Así ha añadido que la administración pública se va a convertir en una « macro gestoría en la que todos se van a pelear por tener un cacho de negocio«. Por último, Estrella Fernández, de UGT, también ha lamentado la «seguridad» que te da que un trámite lo haga un funcionario frente a un trabajador de una «empresa privada no entidades colaboradoras» como quieren llamarlo porque «el día de mañana puede trabajar en una aseguradora». Además, ha criticado que con esta norma habrá ciudadanos «de primera y de segunda». «Si puedes pagar 50 euros a la empresa te agilizan los trámites y sino, te aguantas y a esperar», ha sentenciado.