La Unión Europea critica arancel del 30% impuesto por Trump, pero buscará un "acuerdo" antes del 1 de agosto
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, reaccionó pronto al anuncio de Donald Trump, presidente estadounidense, quien oficializó un arancel del 30% a las importaciones de la Unión Europea. La líder del bloque dijo que la medida afectaría las cadenas de suministro. También afirmó que perjudicaría a la ciudadanía europea y a la estadounidense.
Aunque sus palabras mostraron desacuerdo, Von der Leyen mantuvo su intención de lograr un acuerdo antes del 1 de agosto. Ella dijo que tomarían las medidas necesarias para proteger los intereses de la UE. Dejó claro que Bruselas planea una respuesta fuerte si las conversaciones no llegan a buen término.
¿Cuál es la postura de la Unión Europea respecto a los aranceles propuestos por Estados Unidos?
La Comisión Europea considera que la decisión del presidente Trump debilita la estabilidad del comercio internacional. Von der Leyen aseguró que la UE mantiene su carácter de economía abierta y respetuosa de las normas del comercio justo, negando así la acusación de operar como un “mercado cerrado”.
En un mensaje poco habitual, la presidenta aludió al posible impacto en los pacientes, en referencia al sector farmacéutico europeo, que exporta importantes volúmenes de medicamentos a Estados Unidos. La mención parecería responder directamente a la amenaza de Trump de imponer aranceles del 200% a productos farmacéuticos.
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¿Qué medidas está considerando la Unión Europea en respuesta a los aranceles estadounidenses?
La UE estudia la reactivación de un paquete de represalias valorizado en 20.000 millones de euros, cuya aplicación se suspendió en abril para dar lugar a negociaciones. Este plazo expira el 15 de julio y será un punto clave en la próxima reunión de ministros de Comercio del bloque.
Asimismo, Bruselas ya cuenta con una lista actualizada de productos estadounidenses susceptibles de sanción. Inicialmente, la propuesta abarcaba importaciones por un valor de 91.000 millones de euros, aunque esa cifra fue modificada tras una consulta pública con empresas y Estados miembros. La decisión final podría anunciarse en los próximos días.