Minería ilegal genera perdidas al Estado que equivalen al 2,5% del PBI
La minería ilegal ya no es solo una amenaza ambiental. Es un fenómeno económico y criminal que avanza sin freno, controlando territorios, captando mafias, desplazando comunidades y contaminando ríos. Según la Fiscalía de la Nación, hoy mueve hasta siete veces más capital que el narcotráfico.
“La minería ilegal moviliza, transporta y transforma capitales por hasta siete veces más que el narcotráfico”, advirtió la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en una reciente conferencia de prensa.
Detrás de esta economía ilícita no hay picos y palas, sino excavadoras valorizadas en casi un millón de soles, motores industriales de S/50.000 y redes financieras internacionales.
En 2024, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se detectaron US$143 millones en operaciones sospechosas vinculadas a esta actividad. El negocio es tan rentable como impune.
Un negocio de inversión criminal
"En Colombia y Perú, se cree que las bandas criminales ahora ganan más dinero con el oro que con la venta de narcóticos. El Instituto Peruano de Economía (IPE), un centro de investigación con sede en Lima, la capital, estima que el país exportó US$ 4,800 millones en oro ilegal el año pasado. Eso representaría el 44% de las exportaciones totales de oro de Perú, frente al 20% de hace una década", fragmento del artículo The gold bull-market has a dirty secret en The Economist.
El fiscal coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), Frank Almanza, precisó que las pérdidas económicas por minería ilegal superan los S/22.700 millones anuales, lo que equivale al 2,5% del PBI. Se trata de una estructura que no tiene nada de artesanal ni de informal en el sentido clásico: es crimen organizado con maquinaria pesada y logística armada.
“No es minería de subsistencia. Es inversión criminal”, enfatizó Almanza.
Pero este fenómeno tiene historia. Y para entender su origen, es necesario retroceder dos décadas. Jorge Manco Zaconetti, investigador de economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, lo explica con claridad.
“Te hablo como exasesor de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde en 2001 trabajamos la ley de minería artesanal. En ese momento se buscaba formalizar una minería de sobrevivencia, como alternativa ante la falta de empleo. El oro costaba US$300 la onza, y había unos 50 mil mineros artesanales”.
La ley aprobada en 2002-2003 fue promotora, no sancionadora. Pero el contexto cambió radicalmente. Desde 2004, el precio del oro no dejó de subir. Hoy la onza supera los US$3.300 y se espera que llegue a US$3.500 en diciembre de este año. Esa evolución transformó el rostro del sector.
“Hoy hablamos de más de 400.000 trabajadores mineros organizados, muchos de ellos despedidos de la gran y mediana minería, con conocimientos técnicos, empíricos, que han migrado a esta actividad. No es minería informal, es una minería paralela que opera en los márgenes del Estado”, añade Manco.
El Estado empírico y la minería ancestral
Según Manco Zaconetti, el avance de la minería ilegal no solo se explica por el precio del oro, sino por la ausencia del Estado y la incapacidad para construir una política minera diferenciada.
“Estamos ante un Estado empírico, una burocracia formal de espaldas al Perú real. De día eres campesino, de noche minero. Esa es la minería ancestral que hemos creado. Y lo peor es que no se distingue entre minería ilegal, ancestral o informal”.
La crítica es clara: no existe una institucionalidad moderna capaz de responder a este fenómeno híbrido. Mientras la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) goza de un marco normativo promotor, con una ley especial de inversión, el Estado carece de un sistema que regule la minería pequeña, mediana y ancestral.
“La minería ha sido el motor de la economía peruana, pero no por lo tributario, sino por su efecto multiplicador. Consume más del 50% de la energía del país. Pero el enfoque del Estado ha sido solo punitivo, a través de la Fiscalía, sin atender las raíces estructurales del problema”, sostiene Manco.
Mafias, campamentos y control territorial
Mientras el aparato normativo del Estado naufraga, las mafias avanzan. En 2024 se intervinieron 2.913 casos de minería ilegal, y en lo que va de 2025, otros 865. Las FEMA han destruido 1.698 campamentos, 2.108 motores, 224 maquinarias pesadas y toneladas de oro intervenido.
La expansión es territorial. Regiones como Loreto, Amazonas, Piura, Ucayali, Madre de Dios, Arequipa, Apurímac, Áncash, Ayacucho y Puno son hoy zonas de disputa entre mafias como Los Pulpos, Los Parqueros, La Gran Alianza, La Gota Norteña o el Tren de Aragua. También hay reportes de presencia de grupos armados como el Comando Vermelho y disidencias de las FARC.
“No se puede hablar de minería de supervivencia cuando tenemos 13 muertos en Pataz, incautaciones diarias de armas de guerra y fiscales que sobreviven en bases militares”, subrayó Almanza.
Un marco legal que blinda el crimen
Uno de los principales escudos de estas redes criminales es el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado con fines transitorios, pero que ha sido cooptado por operadores ilegales para evitar interdicciones y procesos penales.
“El REINFO ha sido convertido en un refugio del crimen. Miles de operadores extraen oro protegidos por documentos que les dan apariencia de legalidad”, advirtió Almanza.
Lejos de cerrar el registro, una nueva propuesta legislativa (Ley MAPE) busca extender su vigencia hasta 2026 y permitir operaciones incluso en áreas naturales protegidas. Para la Fiscalía, eso sería catastrófico.
“En ningún país se permite minería aluvial en ríos. Si se aprueba esta norma, se va a verter mercurio en cuencas que abastecen a poblaciones enteras. Eso es envenenar al país. Es un genocidio”, sentenció Almanza.
Fiscales sin recursos y un Estado que pierde soberanía
A pesar de todo, en 2025 las FEMA han logrado 232 sentencias condenatorias y 15 prisiones preventivas. Pero los recursos no alcanzan. La logística es prestada por la Marina, la Fuerza Aérea y el SERNANP. No hay movilidad propia ni condiciones dignas de trabajo.
“Mis fiscales pernoctan días en la selva, sobreviviendo en campamentos precarios. No tenemos recursos. Ni combustible, ni transporte, ni seguridad”, denunció Almanza.
El mensaje final es claro: el Estado aún no gana esta guerra. Y si no toma decisiones de fondo —cierre de vacíos legales, financiamiento real, institucionalidad fuerte—, la minería ilegal no solo seguirá contaminando ríos, sino capturando territorios, debilitando la democracia y disolviendo al Estado desde adentro.
“Esto no se resuelve solo con interdicciones. Se necesita una reforma integral, que reconozca el peso estructural de esta economía, que diferencia minería ancestral de minería criminal, y que deje de castigar al débil mientras blinda al poderoso”, concluye Manco Zaconetti.