Hasta final de año no se espera un fallo, pero la Corte de Luxemburgo comienza este mismo martes a analizar las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional contra una ley de Amnistía que, en beneficio indisimulado de los socios del Gobierno, pasó por alto dos delitos –malversación y terrorismo– sobre los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tendrá que pronunciarse, siempre en función de la legislación de una UE que no blanquea ni a malversadores ni a terroristas. No son los promotores del golpe del 'procés' y sus terminales callejeras los que de forma implícita se someten desde este martes a la Justicia comunitaria, sino –aún más grave para España– el propio Gobierno que pactó su indulto general y el Tribunal Constitucional (TC) que dio el visto bueno a una norma que consagraba el privilegio, la desigualdad y el mercadeo de libertades a cambio de apoyos parlamentarios.
