Gobierno de Dina Boluarte ha gastado más de S/400.000 en abogados para Juan José Santiváñez
El Gobierno de Dina Boluarte ha destinado un total de S/416.000 para costear la defensa legal de Juan José Santiváñez. Los pagos se realizaron entre 2024 y 2025, a través de seis contratos adjudicados a dos estudios jurídicos distintos. Todos los acuerdos se firmaron cuando Santiváñez ya afrontaba denuncias en el Ministerio Público.
Los registros revisados muestran que en 2025, el Gobierno contrató a un solo estudio legal —el Estudio Jurídico y Contable Miranda & Asociados— para representar a Santiváñez en cuatro procesos distintos. El Estado pagó más de S/220.000 a esta firma solo en lo que va del año. Entre los casos que asumieron figuran un proceso por acceder ilegalmente a material periodístico antes de su emisión y otro por presuntos sobornos vinculados al Tribunal Constitucional.
En 2024, el escenario fue similar. El Gobierno contrató al estudio DCC Consultores SAC por un total de S/195.000. Aunque en ambos casos los contratos incluyeron cláusulas de pago por resultados —la mitad del monto se desembolsa solo si el juicio se gana—, el compromiso del Estado con la defensa de Santiváñez no ha hecho más que consolidarse. Los casos más sensibles están ligados a una presunta campaña de hostigamiento contra el capitán PNP Junior Izquierdo, alias 'Culebra', quien investigaba irregularidades al interior del Ministerio del Interior.
Santiváñez no es un personaje menor dentro del actual régimen. Es el actual jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. A lo largo de su paso por el Estado ha acumulado varias denuncias por presuntas irregularidades, entre ellas interferencia de comunicaciones y obstrucción de la justicia. En lugar de tomar distancia, el Ejecutivo ha optado por asumir sus gastos legales.
Contratos públicos para enfrentar graves denuncias
Uno de los contratos más recientes, fechado el 2 de junio de 2025, fue por S/60.000 y responde a la carpeta fiscal 1358-2025. En esta se investiga a Santiváñez por el presunto delito contra la libertad en la modalidad de interferencia de comunicaciones. El caso está relacionado con la filtración de un reportaje de Cuarto Poder que aún no había sido emitido. La gravedad de este hecho no impidió que se asignaran fondos públicos para su defensa.
Días antes, el 14 de mayo de 2025, el Estado desembolsó otros S/70.000 para la defensa de Santiváñez ante la carpeta fiscal 33-2025, por enriquecimiento ilícito y presuntos sobornos en el marco del llamado caso 'Cofre'. Además, esta carpeta fiscal incluiría los pagos de sobornos a magistrados del Tribunal Constitucional para defender a clientes de Santiváñez cuando se desempeñaba como abogado. A este se suma un contrato por S/50.000 del 26 de mayo para afrontar una apelación judicial.
El 10 de enero de 2025 también se suscribió un contrato de S/41.000, aunque en este caso no figura con claridad a qué investigación corresponde. En todos estos procesos, el estudio Miranda & Asociados fue el beneficiado con la contratación. El patrón se repite: a pesar del cúmulo de acusaciones, el Estado sigue financiando su defensa con dinero del erario.
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Casos que involucran abuso de poder y encubrimiento
En septiembre de 2024, Santiváñez fue acusado en la carpeta fiscal 203-2024 por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. Según el expediente, habría actuado con represalia directa contra el capitán PNP Junior Izquierdo, apodado 'Culebra', quien estaba involucrado en investigaciones internas. También se le imputa haber entregado un celular en mal estado para obstruir las pesquisas. Por este caso, el Gobierno autorizó un contrato de S/150.000, de los cuales ya se pagó la mitad como honorario fijo.
Un mes antes, en agosto de 2024, se firmó otro contrato de S/120.000, también con DCC Consultores SAC, por la defensa de Santiváñez en la carpeta fiscal 506015506-2024-308-0. En este expediente se le investiga por presunta corrupción de funcionarios en el marco de un procedimiento disciplinario contra el mismo oficial PNP. En este caso también se estableció un pago condicionado a que el juicio concluya a su favor.
En todos los casos, los servicios legales fueron contratados mediante procesos de selección que figuran como concursos públicos en los registros del Estado. Tanto en 2024 como en 2025, los estudios beneficiados fueron elegidos específicamente para asumir la defensa de Juan José Santiváñez en expedientes con acusaciones fiscales en curso. Este tipo de contrataciones, aunque legalmente permitidas, reflejan la prioridad que el Gobierno ha otorgado a la defensa de uno de sus más cuestionados funcionarios, quien ahora ocupa una de las oficinas con mayor cercanía a la presidenta.