Las acusaciones que cuestionan la amnistía, ante la vista en el TJUE: "Vamos contra todo"

Por motivos distintos, pero ambos coincidirán mañana en la sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contra de la Ley de Amnistía. El letrado de Sociedad Civil Catalana (SCC), Juan Chapapría, para intentar convencer a la corte de Luxemburgo de que el delito de malversación de los líderes del «procés» –más de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat están encausados en el Tribunal de Cuentas por un supuesto desvío de dinero público superior a los tres millones de euros para financiar el desafío soberanista– no es amnistiable. El abogado José María Fuster Fabra, de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), con el objetivo de que el TJUE acoja sus argumentos contrarios a aplicar la medida de gracia a procesados por terrorismo. En este caso, los doce exintegrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) que presuntamente planeaban atentar para conseguir que la independencia de Cataluña fuese una realidad.

Ambos acuden a la corte europea esperanzados, pero conscientes de que tendrán que defender casi en solitario –la Comisión Europea, en sus alegaciones, ha calificado la medida de «autoamnistía» alejada del interés general, pero ha descartado que el intento de secesión afectase a los intereses financieros de la Unión– sus argumentos en contra del encaje de la ley en el derecho comunitario.

Y es que en ese empeño no podrán contar con el respaldo de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado (esta última en representación del Reino de España), alineadas con las posiciones del Gobierno de Pedro Sánchez, que no aprecia en la ley vulneración alguna del derecho europeo.

Fuster Fabra: "Carece absolutamente de sentido"

«Vamos contra todo», asegura el abogado de Acvot, socio decano de Fuster Fabra Abogados, consciente de que la Fiscalía «donde dijo digo, dice Diego» (llegó a pedir penas que casi sumaban 250 años de prisión por delitos de terrorismo para los doce CDR antes de reclamar su amnistía).

Para el veterano letrado –que acumula más de medio centenar de juicios por terrorismo desde la vista oral del atentado de ETA contra la casa cuartel de Vic en el año 1991– «amnistiar un delito de terrorismo con el pretexto de que se trata de un terrorismo de baja intensidad porque no se vulneran derechos humanos carece absolutamente de sentido».

El terrorismo, recuerda, es «una prioridad del derecho europeo» desde la decisión marco del Consejo de 2002 –reforzada posteriormente en 2017 con la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo–. De ahí que se muestre optimista sobre el pleito ante el TJUE. «Espero ganarlo porque tenemos argumentos muy sólidos, y que el Tribunal de Justicia declare que no son amnistiables los delitos de terrorismo que se pretenden amnistiar» (la corte de Luxemburgo debe determinar si amnistiar delitos de terrorismo que no impliquen una violación grave de derechos humanos, como establece la propia ley como excepción, es o no conforme al Derecho de la Unión).

Para Fuster Fabra, la Ley de Amnistía «rompe el principio de igualdad y de seguridad jurídica», en la medida en que «un mismo hecho con el mismo Código Penal cometido en Murcia sí es delito y si se comete en Cataluña no, siempre que se haga con intencionalidad independentista».

Y para resaltar aún más esa quiebra del principio de igualdad señala que a los miembros de las «brigadas de limpieza» (que se dedicaron a retirar los lazos amarillos y la simbología independentista de municipios de Cataluña), a muchos de los cuales ha defendido Fuster Fabra, «no se les ha aplicado la amnistía». Además, denuncia, se trata de una «autoamnistía» porque «ellos mismos se hicieron la ley en su beneficio». «No es una amnistía cualquiera», concluye, «afecta al Derecho europeo».

Chapapría: "La última partida de los constitucionalistas"

Por su parte, el abogado de Sociedad Civil Catalana –cuya intervención se ciñe al delito de malversación, que considera no puede estar amparado por la polémica norma– se muestra convencido de que la ley «entra en colisión con principios fundamentales del derecho europeo».

Chapapría enfatiza que «la corrupción política tanto institucional como contable» que supone la malversación debe ser «perseguida al margen de que proceda o no de fondos comunitarios». Y apunta que si finalmente el TJUE no lo considera así, SCC se planteará pedir al Tribunal de Cuentas «una diligencia final» para que se investigue si en las partidas de la Generalitat utilizadas para financiar el 1-O y la promoción del «procés» en el extranjero «había fondos europeos».

Para Chapapría, el TJUE es «la última partida que nos queda a los constitucionalistas para que la Ley de Amnistía no se aplique». Fuster Fabra coincide: es «la última puerta» a la que llamar (tras el aval del Tribunal Constitucional a la medida no esperan nada de la resolución de los recursos de amparo).

Chapapría no tiene dudas: la ley supone «una injerencia política en la Administración de Justicia» y vulnera los principios de igualdad y de seguridad jurídica. «Nos toca hacer bien los deberes», afirma.