La Fiscalía pide dos años de cárcel para un joven que se encerró en la Universidad de Sevilla contra los ataques a Palestina

La tensión se vivió al filo en la noche del 10 de junio de 2024, cuando la Policía Nacional desalojó a golpes a los estudiantes propalestinos encerrados en el Rectorado de la Universidad de Sevilla para exigir la ruptura de convenios de la Hispalense con universidades israelíes. Uno de los jóvenes detenidos aquella noche, D.E., se enfrenta a una petición fiscal de dos años de prisión por un delito de atentado, dos meses de multa por lesiones leves —a razón de seis euros diarios— y una indemnización de 1.538,45 euros a un agente policial.

La Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), organización en la que milita el joven, cuenta cómo “fue arrojado contra los cristales de una puerta, resultando herido”, y posteriormente se ha visto envuelto en un proceso judicial en el que la Fiscalía solicita hasta dos años de prisión y una cuantiosa multa, de acuerdo al escrito de acusación fiscal, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es.

CJS denuncia la “represión” sufrida por los estudiantes que participaron en las protestas contra “el genocidio del pueblo palestino”. En un vídeo-comunicado, la organización califica la intervención policial de “violenta” y acusa a la Universidad de Sevilla de no haber actuado como espacio de diálogo sino como “partícipe directo” en el operativo.

“Fue el rector el que pidió abiertamente que entrasen los antidisturbios a desalojarnos”, denuncia D.E., que aparece en una foto del vídeo con el brazo ensangrentado tras herirse con los cristales que había en el suelo fruto de la intervención policial y se cortó cuando intentaron moverlo, al igual que el policía. “Pensaba que todo se iba a archivar. Recibir una condena de dos años impacta bastante”, añade a este periódico meses después de conocer la acusación pero que ahora han querido hacer pública.

Otros jóvenes también han sido encausados por su participación en las movilizaciones, entre ellos Carlos Ochoa, secretario general del Sindicato de Estudiantes, detenido a finales de julio de 2024 por presuntos daños vinculados a unas pintadas en un cajero. Junto a él, otro activista también ha declarado como investigado.

Desde la CJS han anunciado que pondrán en marcha una campaña pública de denuncia para visibilizar el caso, al tiempo que mantienen su apoyo a la causa palestina. “La universidad no es ya un espacio plural ni de diálogo, sino un apéndice del Estado capitalista y de los intereses privados”, ha señalado la organización.