El Consejo de Ministros aprobó ayer la oferta de empleo público (OEP) para 2025, con 36.588 plazas, casi un 10% menos que el año pasad o. De ellas, el Cuerpo Nacional de Policía recibe 3.139 puestos; la Guardia Civil, 3.713; y las Fuerzas Armadas, 2.847. Para la Administración del Estado la oferta es de 26.889 vacantes, de las cuales el 70% son de nuevo ingreso, con 20.324 plazas de acceso libre; mientras el 30%, 6.565, corresponde a promoción interna. Así, la oferta en la AGE supone una creación de 5.400 empleos netos , ya que el resto son para cubrir vacantes, según informó ayer el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López , en la rueda de prensa posterior al Consejo. Asimismo, aseguró que el servicio de atención directa al ciudadano será el más reforzado, con 8.851 nuevas plazas . Entre los beneficiados, López destacó las oficinas para renovar el DNI, las de la Seguridad Social, del SEPE, Extranjería, Catastro o la DGT. El ministro apuntó que ese está «mejorando y perfeccionando los perfiles de la Administración», basándose en los medios tecnológicos y digitales de los que disponen. Minutos antes de presentar la oferta de empleo público, alardeó sobre los buenos niveles de digitalización que, en referencia a la Comisión Europea, presenta la administración española, con una nota del 88%, seis puntos porcentuales por encima del conjunto de la UE. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) , sin embargo, reiteró su rechazo a esta oferta de empleo, alegando que las plazas son «insuficientes para cubrir la pérdidas acumuladas en la Administración del Estado en los últimos años». Lamentaron además, que se haya invertido la tendencia de crecimiento seguida hasta ahora, al publicitar 3.558 plazas menos que hace un año . Así, el sindicato mayoritario de funcionario exigía un refuerzo inmediato de las plantillas, que sea capaz de cubrir los más de 42.000 efectivos perdidos en las dos últimas décadas y los futuros: más de 45.000 funcionarios se encuentran en edad de jubilación , el equivalente al 21% del total de la plantilla. Por ello, CSIF advirtió sobre el agravamiento venidero sobre las necesidades de personal para la prestación de servicios a la ciudadanía, lo que contrasta con las palabras de Óscar López. CSIF acusó a la ausencia de presupuestos , así como a las restricciones al gasto que ya está aplicando Bruselas mediante la congelación de fondos –debido entre otras cosas a la elevada tasa de temporalidad, como adelantó ABC–, como causantes de esta inversión del crecimiento. En consecuencia, el mayor sindicato de funcionarios lamentó que los problemas estructurales «en ámbitos tan sensibles como educación, sanidad o Seguridad Socia, tanto en la Administración Central como en ayuntamientos y comunidades autónomas persistirán sin obtener una solución que mejore. En esta misma línea, la oferta pública de empleo para el ejercicio presente no solo mantendrá la polémica tasa de reposición –porcentaje de vacantes que pueden volver a cubrirse con nuevas incorporaciones– que CSIF imploraba suspender, sino que también perpetuará, incidió el sindicato, una tasa de temporalidad que supera con creces los límites europeos, como informó ABC . Mientras exige un refuerzo ajustado a las «necesidades reales» y más allá de las jubilaciones previstas, la organización sindical mostró su preocupación por las negociaciones entre el Gobierno de Sánchez y las formaciones políticas Junts y PNV en detrimento del «acceso» y «calidad» de los servicios públicos entre territorios. CSIF rechazó la tasa adicional de reposición para el País Vasco pactada el Gobierno estatal y el autonómico, tal y como adelantó este diario . Según este acuerdo, Función Pública capacitará al Ejecutivo vasco para crear un número de plazas en el área de la Justicia superior a las que puedan sacar a concurso el resto de España. «Supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso ciudadano a los servicios», concluye.
