INDH y presencia militar en Plan Nacional de Búsqueda: “Revictimizan a quienes buscan hace más de 40 años a sus familiares”

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) expresó su preocupación por la sorpresiva presencia de una patrulla militar en el antiguo autódromo de Arica entre 7 y el 10 de julio, mientras se realizaban diligencias judiciales en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, de Verdad y Justicia.

La situación, que generó conmoción entre las familias de detenidos desaparecidos presentes en el lugar, fue calificada por el organismo de derechos humanos como “una grave perturbación emocional para los familiares”.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, el director (s) del INDH, Osvaldo Torres, explicó que la institución se enteró del hecho a través de un comunicado emitido por los familiares.

“Tomamos contacto con la sede regional de Arica y emitimos una declaración pública para fijar los puntos que al Instituto le interesaba poner sobre la mesa en la discusión sobre el Plan de Búsqueda y la no intervención de agentes del Estado, ligados a hechos represivos, porque revictimizan a las familias que están buscando desde hace más de 40 años a sus familiares”, señaló.

Consultado sobre el apoyo hacia los familiares, destacó que el Plan de Búsqueda contempla medidas de contención mediante el programa PRAIS, pero subrayó que la irrupción militar fue inesperada y sin precedentes.

“No queremos que se repita en ninguna otra investigación en terreno que desarrollen los jueces. Por lo tanto, pusimos esta declaración como una alerta para generar mayores resguardos a los protocolos cuando se desarrollan estas intervenciones”, afirmó.

De igual forma, Torres mencionó que: “Se debe fijar un criterio que evite este tipo de provocaciones y daño psicológico a las familias. Es un cumplimiento de los estándares internacionales que el Estado debe cumplir. Y cuando se dice ‘el Estado lo debe cumplir’, el Poder Judicial, los funcionarios que hacen las tareas de búsqueda como las ramas de la Fuerza Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones, deben dignificar a los familiares“.

En ese sentido, la autoridad subrogante cuestionó el rol del Ejército en el proceso de verdad y justicia. “Las instituciones del Estado deben poner toda la información a disposición del Poder Judicial. La presencia de funcionarios con vínculos familiares condenados por crímenes de lesa humanidad, como el caso del coronel Lauriani, es una señal de descompromiso con los estándares internacionales”, advirtió.

Respecto a los protocolos que regulan la participación de las Fuerzas Armadas en estos contextos, Torres indicó que no hay claridad sobre su aplicación en este caso. “Gracias a la intervención de la Seremi de Justicia de Arica, la patrulla fue retirada. Sería interesante tener la explicación por parte del regimiento de quién le ordenó a esa patrulla ir a hacer lo que dijeron que iban a hacer”, comentó.

“Esto pone también en alerta el necesario resguardo de los sitios de interés que están definidos por el propio Plan de Búsqueda, para que no haya intervención de terceros que modifiquen los terrenos, así como se hizo en plena dictadura con la Operación Retiro de Televisores, que ha significado una agresión a la sociedad chilena y a las familias que buscan a sus parientes”, agregó.

El director (s) informó que la sede regional de Arica ofició a la Seremi de Justicia para conocer las medidas acciones que se adoptarán. Además, el incidente será abordado en el comité de seguimiento del Plan de Búsqueda, con el objetivo de evitar futuras intervenciones que puedan alterar sitios de interés o vulnerar los derechos de las familias.

Familiares de detenidos desaparecidos presentan recurso de protección

Ante la irrupción militar en el Autódromo Sergio Santander de Arica, donde se realizaban labores de búsqueda de víctimas de la dictadura, un recurso de protección fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago por Gricel González Del Canto, hija de un detenido desaparecido, y el diputado Matías Ramírez Pascal.

Los recurrentes argumentan que la presencia de uniformados, liderados por el coronel Cristian Lauriani Ide, afectó la integridad psíquica de los familiares y obstaculizó el trabajo del tribunal a cargo de la diligencias.

El documento señala que los militares justificaron su presencia alegando labores de limpieza para proteger al gaviotín, ave en peligro de extinción. Sin embargo, los recurrentes consideran esta explicación una “vulgar excusa”, ya que el proceder no se ajustó a los protocolos establecidos para la protección de la especie. Además, destacan que el coronel Lauriani es hijo de un exagente de la DINA, lo que agravó el impacto emocional en las víctimas y sus familias, reviviendo traumas del pasado.

En su solicitud, los recurrentes piden a la corte que se ordene al Ejército abstenerse de interferir en futuras búsquedas de detenidos desaparecidos, salvo que medie una autorización expresa del tribunal. También solicitan que se oficie al Ejército y al Ministerio de Justicia para que informen sobre los detalles de la intervención militar y las labores realizadas en el autódromo.