Gobierno de Trump retira a 2.000 miembros de la Guardia Nacional tras protestas contra redadas de ICE en Los Ángeles
El Pentágono confirmó este martes el retiro de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados por órdenes de Donald Trump en Los Ángeles. La decisión ocurre tras más de un mes de tensiones en las calles, fallos judiciales adversos y protestas crecientes contra las operaciones migratorias lideradas por el ICE.
La medida afecta a tropas de la 79ª Brigada de Combate de Infantería de California, movilizadas desde el 7 de junio. Durante este periodo, más de 4.000 militares fueron activados en distintas fases del operativo federal.
Protestas contra la militarización y redadas migratorias
Las movilizaciones comenzaron a escalar luego del aumento de redadas de ICE en el sur de California, lo que provocó una respuesta masiva de organizaciones civiles, autoridades estatales y comunidades locales. Las protestas se concentraron en el centro de Los Ángeles, donde la presencia de la Guardia Nacional y agentes federales era más notoria.
El gobernador Gavin Newsom condenó la intervención, especificando en un comunicado que durante más de un mes, la Guardia Nacional ha sido apartada de sus familias y trabajos civiles para servir como peones políticos del presidente.
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, celebró la desmovilización parcial: “Esto sucedió porque el pueblo de Los Ángeles se mantuvo fuerte y unido. Protestamos, nos organizamos y fuimos a los tribunales”, dijo, señalando que la presión ciudadana resultó determinante.
Fallos judiciales contra el gobierno de Trump
Además de las protestas, el despliegue de tropas fue cuestionado por el sistema judicial. Un juez federal dictaminó que Donald Trump federalizó ilegalmente a miembros de la Guardia Nacional, aunque el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió de manera temporal esa decisión mientras avanza el proceso.
El conflicto también involucró al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al ICE. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en nombre de víctimas de detenciones sin causa probable. Un juez ordenó detener esas prácticas, calificándolas como inconstitucionales por estar basadas en raza, idioma o empleo de los arrestados.
Las denuncias se intensificaron tras dos redadas en granjas legales de marihuana en el sur del estado, donde más de 300 migrantes fueron arrestados, una persona murió y varios resultaron heridos.