Las comunidades del PP plantan de nuevo al Gobierno en la reunión para reubicar a menores migrantes
Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han dado plantón al Gobierno y no acudirán este jueves a la Conferencia Sectorial sobre la reubicación de unos 3.000 menores migrantes no acompañados al considerar que el Ejecutivo pretende imponer un reparto "forzoso" e "ilegal" que vulnera el principio de igualdad territorial.
La reunión, que estaba convocada a las 09:30 horas bajo la presidencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya se preveía bronca, puesto que algunas autonomías del PP habían mostrado una fuerte oposición a la propuesta del Gobierno, además de que han recurrido al Tribunal Constitucional el decreto en el que se aprobó.
En este sentido, el propósito del Ejecutivo es reubicar a unos 3.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros territorios, mayoritariamente a Andalucía, Madrid y a la Comunitat Valenciana, algo que ya les trasladó a las autonomías en las reuniones previas. Sin embargo, la discrepancia es de tal magnitud que a la Conferencia Sectorial de hoy se llega sin un orden del día aprobado, lo que para los populares convierte en "ilegal" la convocatoria de este jueves.
"Tengo que decir que no soy optimista", aventuró ayer el ministro de Política Territorial y responsable de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, en referencia a los frutos tras la Conferencia Sectorial de hoy. Además de los gobiernos autonómicos del PP, también se ha manifestado en contra de dicho asunto el de Castilla-La Mancha, que ha advertido de que la cifra planteada es "inasumible" con la financiación con la que va a acompañada.
113 días sin que el Gobierno cumpla la sentencia del Supremo
El pasado 26 de marzo de este mismo año, el Tribunal Supremo dio un plazo de 10 días al Gobierno de Pedro Sánchez para que se hiciese cargo de los 1.200 menores extranjeros no acompañados que han pedido asilo político en España, y que actualmente se encuentran hacinados en los centros de acogida de Canarias, que llevan tiempo desbordados.
Desde entonces han pasado ya 113 días, y el Ejecutivo central no ha acatado la sentencia, motivo por el que el Gobierno de Canarias ha amenazado con volver a acurdir, de nuevo, al Alto Tribunal para denunciar la inacción política.