Y usted, ¿sabe que su empresa no lava dinero?
La reciente amenaza arancelaria del presidente Trump hacia México no es un evento aislado, sino una pieza clave dentro de una estrategia más amplia para presionar al país en la lucha contra el tráfico de fentanilo.
La carta enviada el pasado 11 de julio por Donald Trump a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que anuncia la imposición de un arancel del 30%, guarda una relación directa con la designación, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de tres instituciones financieras mexicanas como “preocupaciones principales por lavado de dinero”.
Esta conexión es evidente, pero sus implicaciones aún no se han dimensionado por completo.
El argumento central del presidente Trump sostiene que México no ha desplegado esfuerzos suficientes para combatir al crimen organizado y al tráfico de fentanilo. Más allá de operativos y detenciones, una estrategia fundamental para enfrentar al crimen organizado pasa por controlar efectivamente el lavado de dinero.
Aunque es cierto que Estados Unidos presenta cifras aún más elevadas en lavado de dinero, este hecho no influye en la postura estadounidense ni disminuye la presión sobre México.
En este caso, no es cuestión de autoridad moral, sino de la fuerza económica y política que posee EU y del daño potencial que puede causar a la economía mexicana.
Precisamente en este contexto se inserta la decisión tomada el pasado 25 de junio por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Tesoro estadounidense, que designó a CI Banco, Intercam y Vector como instituciones financieras que generan una “preocupación principal por lavado de dinero”.
Esta designación posee varias particularidades. Por primera vez se aplicaron facultades específicas otorgadas recientemente por la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Esto representa un cambio sustancial respecto al uso tradicional de la Sección 311 de la Ley Patriota (USA PATRIOT Act) de 2001, históricamente centrada en preocupaciones generales sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Nunca antes una institución financiera mexicana había recibido esta catalogación por parte de autoridades estadounidenses; mucho menos tres de manera simultánea. Se trata, sin duda, de una situación inédita.
El pasado 9 de abril, FinCEN publicó el documento Financial Trend Analysis Fentanyl-Related Illicit Finance: 2024 Threat Pattern and Trend Information, disponible en su sitio oficial. En él se analizan 1,246 reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el fentanilo, involucrando transacciones por aproximadamente 1,400 millones de dólares.
El análisis identifica las rutas financieras, métodos específicos de lavado y señala directamente a México, China y Estados Unidos como actores clave. Destaca especialmente la participación de cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y el CJNG, así como el uso de empresas fachada, intermediarios estadounidenses y plataformas digitales para obtener precursores químicos esenciales para esta droga.
Las señales eran claras desde hace meses, reforzadas además por la destacada visita en mayo pasado de un alto funcionario del Tesoro estadounidense a la Convención Bancaria en México.
En definitiva, la designación de estas instituciones financieras mexicanas comparte la misma motivación que la imposición arancelaria anunciada por Trump: la determinación del gobierno de EU de golpear directamente a los cárteles mexicanos desde todos los frentes posibles.
Más allá del desenlace específico en materia arancelaria, lo que resulta evidente es que la vigilancia estadounidense sobre el lavado de dinero se encuentra en otro nivel.
Por ello, las instituciones financieras y las empresas mexicanas con relaciones comerciales directas o indirectas con Estados Unidos deben implementar con urgencia mecanismos robustos contra el lavado de dinero.
Acciones preventivas concretas, como auditorías internas exhaustivas, protocolos actualizados de cumplimiento normativo y una supervisión constante, podrían evitar daños reputacionales significativos y costosas sanciones económicas.
No se trata de fomentar una paranoia corporativa, sino de dimensionar adecuadamente el alcance real y la gravedad de las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense.
Evitemos decir en el futuro que nadie nos advirtió.