Nuevo ultimátum de la Comisión Europea al Gobierno para que enmiende las irregularidades en las prórrogas de las concesiones de los peajes en la autopista AP-9. Esta, junto con la AP-66 -para la que también se reclama corrección-, vulnera las reglas de la UE en materia de contratación pública y de concesión de autopistas a ojos de Bruselas. Y, de no resolverse el asunto en el plazo de dos meses, los servicios comunitarios podrán elevar la causa al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Según informa la propia institución europea, se «insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas» mediante el envío de un dictamen motivado a las autoridades nacionales para dar seguimiento al expediente sancionador que abrió por estas causas. En contexto, España amplió la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 por periodos de 25 y 29 años, respectivamente, pero después vendió ambas «sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso» en el Diario Oficial de la UE, como requiere la legislación comunitaria, según describe el Ejecutivo comunitario. Así pues, Bruselas considera que sendas prórrogas constituyen «modificaciones sustanciales» que son «equivalentes» a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por tanto, deben estar sometidos a un «procedimiento de licitación competitivo», de acuerdo a los principios de igualdad de trato y transparencia a que obligan las directivas en la materia. Los servicios comunitarios dan ahora un plazo de dos meses al Gobierno central para que responda a las inquietudes notificadas en el dictamen de Bruselas y «tome las medidas necesarias» para corregir las irregularidades, recoge Ep. A falta de una solución, advierte el Ejecutivo comunitario, este podrá optar por iniciar la tercera fase prevista en los procedimientos de infracción y que implica denunciar al Estado miembro por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.
