Lamentables fundamentos socialistas sobre el voto de extranjeros
Lo más preocupante de la reciente discusión parlamentaria sobre el derecho a voto de los extranjeros no es el tema de fondo, que es legítimo, sino la forma y la oportunidad con que se está abordando. Lejos de tratarse de un debate guiado por principios o convicciones profundas, lo que se percibe -casi vergonzosamente- es una discusión con la calculadora en la mano en función de la conveniencia propia.
Como cantaba Joan Manuel Serrat en “Bienaventurados”: “Dios echó al hombre del Edén por confundir lo que está bien con lo que le conviene”. El hemiciclo y las redes sociales de algunos parlamentarios se han convertido, una vez más, en espacios donde se emiten declaraciones penosas, más preocupadas de azuzar el sentimiento anti-migrante que de aportar a una discusión razonable.
El debate sobre la participación electoral de los migrantes es legítimo. Vivimos en un mundo donde la movilidad humana ha transformado las estructuras sociales y demográficas de los países, aumentando la presencia extranjera en todas partes, por lo que es razonable discutir qué tipo de vínculo político debe establecerse entre el país y quienes, viviendo en él, también contribuyen al desarrollo de la comunidad. Existen modelos diversos: algunos más exigentes, otros más inclusivos, como lo señala un muy completo informe de IDEA Internacional publicado en enero de este año.
En Chile, hoy se otorga derecho a voto a quienes han residido por cinco años. Ese requisito puede debatirse. Lo que no es legítimo es la forma en que se está abordando el tema, donde notoriamente no se está deliberando en función del bien común, sino de que los individuos parlamentarios retengan sus escaños.
En este contexto, las declaraciones de algunos parlamentarios socialistas resultan especialmente lamentables. El senador Tomás de Rementería y el diputado Daniel Manouchehri han emitido frases de una pobreza argumentativa que hace caricaturas con la comunidad venezolana. Aunque Manouchehri ha negado las acusaciones de que incurrió en xenofobia, sus palabras y las de De Rementería -como asociar el derecho a voto con el sicario recién excarcelado o a que los venezolanos no podrían votar por creer que el tostador es una parrilla para arepas- son irrespetuosas para la inteligencia promedio y, tanto más grave aún, para toda una comunidad residente que por cierto es diversa.
Es adicionalmente delicado cuando provienen de representantes de un partido cuya identidad inserta en lo continental ha sido central desde su fundación, al punto de tener el mapa de Sudamérica en su emblema. Salvador Allende, Clodomiro Almeyda y tantos otros, defendieron desde el Partido Socialista una visión latinoamericanista de la política que está demasiado lejos de lo que ahora estamos escuchando.
En resumen, difícilmente emergerá algo virtuoso de esta discusión, mientras los legisladores estén más enfocados en asegurar sus escaños que en representar las distintas corrientes de pensamiento de la sociedad. El proceso está viciado de origen: se legisla para uno mismo, no para el país. Quizás, tras las elecciones, podría retomarse este debate en términos más serios, serenos y fundamentados. Porque, aunque sea impopular decirlo, la legítima preocupación por proteger la soberanía política de un país no puede plasmarse a costa de atropellar la dignidad humana ni los derechos fundamentales. Esa línea es delgada, pero no debe cruzarse.