Un empresario vitoriano está envuelto los últimos año en una rocambolesca historia que le ha llevado esta semana a anunciar medidas legales contra el Gobierno de Colombia . Joseba Grajales, presidente del grupo Keralty, que presta servicios sanitarios en distintos países de América, denuncia ser víctima de una «campaña sistemática de desinformación , plagada de mentiras, calumnias e insultos» orquestada por el Ejecutivo que lidera Gustavo Petro. Si bien el choque viene de atrás, la reacción de Grajales se produjo este miércoles después de que Petro le acusara de ser un «criminal» . Durante un discurso el pasado martes, el presidente colombiano cargó contra los dueños de Keralty, conglomerado del que forma parte la empresa dedicada a la salud, EPS Sanitas, dentro del sistema de la Seguridad Social en el país. «El dueño de Keralty es un criminal en Colombia, debe irse, porque aquí está prohibido financiar campañas con dinero extranjero (…) así me toque hablar con el rey de España», afirmó Petro. Estas acusaciones no eran nuevas. Tal y como informa 'El Espectador', congresistas colombianos que forman parte del Pacto Histórico, coalición que lidera Gustavo Petro, ya habían denunciado esta cuestión ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia contra distintos partidos, por haber recibido financiación de Keralty durante la campaña presidencial celebrada en el año 2022. Un movimiento que fue respaldado por Petro, que en marzo de 2024 declaraba que «la Constitución prohíbe que la política se financie con recursos extranjeros» . «Esta prohibición fue violada si la empresa extranjera que es dueña de una EPS es la principal financiadora de campañas políticas», añadía. Tres meses más tarde, el CNE archivaba la investigación, al concluir que Keralty estaba registrada y domiciliada en Colombia. El choque no terminaba ahí, pues estaba pendiente de resolverse un recurso ante la Corte Constitucional contra el intento de la Superintendencia Nacional de Salud (entidad dependiente del Ministerio de Salud colombiano que gestiona el sistema) de intervenir EPS Sanitas. Una orden emitida por el Gobierno colombiano que implicaba la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de EPS Sanitas, así como su intervención administrativa durante un año. Ante esto, Keralty acudió a la Corte Constitucional, que el pasado 26 de junio resolvió dejar sin efecto dichas resoluciones. «Un hito claro en la defensa de la legalidad, de los principios y de nuestro propósito», expresó Grajales ayer en una carta pública, que llegaba después del mencionado discurso de Petro donde amenazaba con acudir al Rey Felipe VI para reclamar la salida de Colombia del empresario. «Frente a esta verdad jurídica, las reacciones del presidente Gustavo Petro y algunos de sus colaboradores no solo constituyen un atropello a las instituciones, sino una campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos», continua el escrito en el que anunciaba que acudiría a los tribunales: «Vamos a denunciar, ante los juzgados nacionales e internacionales , no solo al presidente Gustavo Petro, sino también a los miembros de su equipo de gobierno que han colaborado en la difusión de estas mentiras». Antes de dar el salto internacional, Grajales, que ha figurado en la lista de los españoles más ricos de la revista Forbes (250 millones de euros en 2022), hizo fortuna en el sector de la energía y la producción de motores con compañías como Gualcor y Gamesa. Ahora, es propietario de Keralty, sucesora de Sanitas Internacional, con presencia en Colombia, Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela, Filipinas, República Dominicana y Puerto Rico.
