Acoprovi valora cambios en anteproyecto de Ley de Alquileres
La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) expresó su respaldo a la aprobación de esta legislación, al considerar que establece un marco normativo más claro, al haberse acogido las recomendaciones del gremio sobre el anteproyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios.
El gremio explicó que, a principios de este mes, sostuvo un encuentro en el que su propuesta recibió una acogida favorable, en línea con su interés de contribuir al fortalecimiento de un sector inmobiliario robusto, que impacte de manera positiva tanto a la ciudadanía como a los oferentes de estos servicios.
«Valoramos positivamente que el proceso de revisión legislativa haya considerado nuestras observaciones en lo relativo al equilibrio entre los derechos contractuales, las garantías procesales y el dinamismo del mercado inmobiliario», señaló la entidad.
Entre los puntos revisados, destacaron la eliminación de la cláusula que establecía como obligatoria la conciliación preprocesal, lo cual reduce cargas innecesarias y evita la imposición de etapas que podrían retrasar la resolución de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
También se precisó que el incremento máximo del canon de arrendamiento, equivalente al diez por ciento (10 %), solo procede en ausencia de estipulación expresa entre las partes, garantizando así el respeto a la autonomía de la voluntad contractual.
Igualmente, se suprimió la disposición que otorgaba al inquilino una opción de compra obligatoria sobre el inmueble arrendado, preservando la libertad del propietario para disponer de su bien conforme a su interés legítimo.
Además, las sanciones aplicables en el proceso de ejecución fueron remitidas al marco previsto en la Ley sobre la Fuerza Pública, lo que establece un criterio uniforme para el cumplimiento de decisiones judiciales y procedimientos de desahucio.
Asimismo, se estableció un plazo máximo de quince (15) días hábiles para interponer el Recurso de Apelación contra sentencias dictadas en materia de vivienda, lo que aporta mayor certeza jurídica al procedimiento y facilita su adecuada tramitación.
“Con la riqueza que posee ahora la pieza, entendemos que la República Dominicana está más cerca de contar con un instrumento normativo equiparable a las mejores prácticas regionales en materia de arrendamientos inmobiliarios”, resaltó el gremio, al señalar que la versión actual del anteproyecto fortalece la seguridad jurídica y contribuye a la eficiencia del mercado de alquiler de bienes inmuebles.
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