Las trabajadoras de los cuidados tienen ingresos casi un 40% inferiores al sueldo medio en España

El salario bruto de las trabajadoras de los cuidados en España es 10.000 inferior al salario medio del país. Esta cifra las sitúa con unos ingresos entre un 35 y un 38% más bajos, según el primer estudio realizado por el Ministerio de Derechos Sociales sobre las condiciones laborales de las personas que se dedican profesionalmente a cuidar. En residencias, las empleadas perciben una media de en torno a 17.200 euros anuales. Aún algo menos se ingresa en los servicios sociales sin alojamiento, 16.400 euros, frente a los 26.600 euros promedio del conjunto de sectores.

El perfil más habitual de personas que desempeñan estos trabajos son mujeres (más del 70%), mayores de 45 años (por encima del 50%) y con mucho más peso de la población migrante que en otros empleos (una de cada cuatro). “Se parece mucho al retrato robot de la pobreza en España y esto es inadmisible en términos democráticos”, ha asegurado el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en la presentación de los datos. El departamento que dirige ha tenido que “empezar de cero” porque “las políticas públicas han estado mirando para otra parte”. “Había quien hacía ese trabajo sin valoración ni retribución”, ha lamentado.

Respecto a los contratos, uno de cada cuatro de los que se firman en residencias es temporal. En los servicios de ayuda a domicilio, solo el 60% son indefinidos, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. La mayoría de las trabajadoras encuestadas, además, destacan que estas condiciones laborales se suman a la percepción de que no existen posibilidades reales de promoción y a la falta de reconocimiento profesional.

El impacto sobre la salud y el escaso reconocimiento

Por otra parte, el informe confirma que el trabajo de cuidados tiene un alto impacto sobre la salud. Los accidentes en residencias de mayores que ocurrieron en 2023 y requirieron una baja laboral fueron un 75% mayores que los del promedio nacional mientras que en los servicios sociales sin alojamiento, el exceso llegó hasta el 25%. En este último caso, hubo mucha siniestralidad in itinere, es decir, durante el desplazamiento al puesto de trabajo. Los accidentes ocurridos en estas circunstancias duplican la media nacional, con una tasa de 904 por cada 100.000 trabajadoras, frente a 446 en el conjunto del mercado laboral.

“Las trabajadoras explican que la exposición continuada a esfuerzos físicos, posturas forzadas y estrés no solo deteriora la salud, sino que incrementa la rotación y las bajas laborales, afectando también a la calidad del cuidado que se presta”, subraya Derechos Sociales. Así que la precariedad no es solo económica, sino que se vincula también con una labor física y emocional muy fuerte que provoca un deterioro del propio estado de salud.

Por eso, quien trabaja en este sector cree, según el estudio, que “su retribución no está en absoluto en consonancia con la exigencia física y emocional de sus tareas” y, además, “perciben que el bajo salario es expresión del escaso reconocimiento social de su labor”. “Aunque algunas mencionan vías para aumentar sus ingresos —como asumir turnos de noche, trabajar festivos o hacer acompañamientos nocturnos en hospitales en el caso de las trabajadoras de Servicio de Apoyo a la Dependencia— estas alternativas no están al alcance de todas ni compensan adecuadamente el esfuerzo adicional”, recoge el informe.

260.000 trabajadoras más en cinco años

El Ministerio presentó hace unos meses otro estudio que proyectaba cuántas trabajadoras de los cuidados serán necesarias en 2030 para atender a las personas con dependencia. En cinco años, el sistema requerirá de 261.400 empleadas adicionales para hacer frente al reto demográfico de un país que envejece año a año.

El sector de la dependencia se ha convertido en una olla a presión que debe responder a una demanda imparable con trabajadoras precarias, un gran peso del sector privado y usuarios ahogados económicamente. Como un grifo que cada vez lleva un caudal más elevado y cuya agua se arroja a una pila limitada en tamaño. Al sistema, como demandantes de apoyos, han entrado en los últimos meses unas 10.000 personas cada mes.